Patricia Polanco
El pasado martes 15 de octubre no entró en vigencia la controvertida norma del presidente Donald Trump sobre la carga pública como causal de inadmisibilidad, anunciada en octubre de 2018.
Un juez federal en Manhattan bloqueó el viernes pasado la normativa que facilitaría la negación de admisión a Estados Unidos o la aprobación del estatus de residente legal permanente a personas que hayan recibido o estén recibiendo beneficios públicos.
El juez George Daniels decretó que la regla no se puede implementar en todo el país, tras una demanda presentada por los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont y la ciudad de Nueva York, que alega que esta política perjudica específicamente a inmigrantes de minorías raciales.
A Daniels se le sumó la jueza federal de California Phyllis J. Hamilton, quien con su fallo impide que la regulación entre en vigencia en San Francisco o Santa Clara, California; Oregón, Washington D. C., Maine y Pensilvania.
Aunque existe dicho bloqueo, todos los solicitantes de visa de inmigrante deben seguir presentando el aval económico de que no serán carga pública, a través de la “affidavit of support” o declaración jurada de patrocinio económico que debe proveer el peticionario.
En caso de que el peticionario no cumpla con el ingreso mínimo requerido, debe contar con la garantía de una tercera persona.
Le recomendamos que si usted está en un proceso migratorio sea precavido con la solicitud de beneficios públicos. Desde el año 1996 el Congreso de Estados Unidos estableció que la autosuficiencia es un principio básico de la inmigración y que los inmigrantes no pueden depender de la asistencia pública para cubrir sus necesidades.
