No es su desfachatez lo escandaloso del vídeo del regidor higüeyano explicando cómo extorsionan a empresarios que requieren permisos de los ayuntamientos.
Es su flagrante impunidad. Sería hipócrita hacerse el suizo alegando desconocer que hace mucho cualquier negocio debe enfrentar innumerables escollos para salir ileso de los sablazos de regidores, legisladores o funcionarios gubernamentales de otro nivel.
En este caso, un grupo de tigres impidió ilegalmente que la empresa eléctrica CEPM concluyera trabajos de mantenimiento preventivo de líneas, dejando sin luz a miles de hogares y negocios por casi dos días.
Chilla por ofensivo que autoridades militares y policiales hayan preferido proteger los desmanes de políticos extorsionistas en vez del interés legítimo y protegido legalmente de la comunidad.
Empresas telefónicas, eléctricas, distribuidoras de combustibles, constructores de obras civiles, transportistas y comerciantes, nada escapa a la voracidad chantajista.
Estas exacciones merecen castigarse ejemplarmente si queremos un mejor clima de negocios y realmente cambiar la corrupta cultura que nunca ha sido exclusiva de los «comesoli”, como irrefutablemente prueban este y otros recientes ejemplos.
