Arsenio Hernández Fortuna.
En un proceso bien pensado de reestructuración y modernización del Estado dominicano lo primero que se debería tener en cuenta es mejorar las condiciones de vida de quienes han aportado su tiempo y capacidades a esa ingrata labor (primero la gente, decía Peña Gómez).
Diversas cifras apuntan a que la maquinaria del Estado ocupa más de 700 mil personas y de cada una depende un promedio de tres, teniendo en cuenta que cuatro forman un hogar. Significa esto que estamos considerando una población de más de tres millones de habitantes que viven de esos empleos, un porcentaje significativo de los once millones que se calcula somos ahora.
El sueldo mínimo oficial es de 10 mil pesos (que “no dan para nada”, dijo un expresidente); en ayuntamientos de ciudades pequeñas hay otros de menos de cinco mil; mientras el costo de la canasta familiar de los que menos ganan hace tiempo que superó los 27 mil pesos. ¿Cómo pueden hacer una labor eficiente si la mayoría no recibe ingresos ni para cubrir sus necesidades básicas?
Cerca del 70 por ciento de los cotizantes del Sistema de Seguridad Social gana de 30 mil pesos hacia abajo. Ese debería ser el sueldo mínimo para cubrir el costo de la canasta básica y dejar algo para ahorrar. Y sobre esa base establecer un múltiplo de 10 o doce salarios mínimos para pagar a los más altos funcionarios. Limitando también sus ingresos extraordinarios para que los titulares de los tres poderes del Estado logren ingresos que oscilen entre 500 a 600 mil pesos, es decir, entre ocho a 10 mil dólares, como máximo.
Eso es mucho dinero, si consideramos que un dominicano/a en Nueva York, más cara que Santo Domingo, puede vivir con alrededor de dos mil dólares, que es lo que gana buena parte de los que se van. Con esa suma pagan alquileres muy altos, comen bien, envían dinero a sus familiares, ahorran algo para ir levantando una vivienda, compran artefactos electrónicos, etc.
Aunque la economía dominicana ha crecido en los últimos años, no hay ninguna justificación para que un funcionario de este país gane 15, 20, 25 mil y más dólares. Ganan como funcionarios de países desarrollados, mientras los profesionales, técnicos medios y obreros calificados, quienes hacen el trabajo, reciben pagos propios de naciones subdesarrolladas, de ingresos bajos.
Se sabe que muchos no trabajan, pero esos son las “botellas”, activistas que incorporan los partidos gobernantes. En otros casos hay entidades con personal supernumerario, las cuales podrían pagar sus prestaciones laborales a parte de esos empleados y estimularlos a que formen pequeñas y medianas empresas que crean más puestos de trabajo por capital invertido que las grandes, como ya se ha estudiado.
Además hay casos de empleados que han sido desvinculados con edad suficiente y tiempo de trabajo para lograr sus pensiones, pero se les despide sin ninguna consideración; sin permitirles que en unos cuantos meses reúnan sus papeles y soliciten lo que les corresponde. Es el caso, entre otros, del ingeniero de minas Teódulo Mercedes, quien, como muchos otros, ya tienen problemas de salud. Pero aún pueden asesorar al Estado en tierras raras y rarísimas, evitando que entren al país, violando la Constitución, oficiales del Ejército de Estados Unidos o cualquier otra potencia.
En fin, si se busca crear un Estado eficiente, eficaz, como lo necesita la sociedad dominicana de hoy, lo primero es ocuparse de la mayoría de la gente que sostiene esa maquinaria; la que necesita mejores condiciones de vida, es decir, mayores ingresos, programas de educación continua, oficinas adecuadas, etc., para aportar mejores resultados en su trabajo.
