Michelle Bachelet, comisionada para los derechos humanos.
Ginebra.- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy el creciente cerco a las libertades en Nicaragua de cara a las elecciones del 7 de noviembre, con al menos 36 detenciones arbitrarias desde mayo, invalidación de candidaturas y cancelación de partidos políticos.
Los nicaragüenses, señaló Bachelet, tienen derecho a presentar candidaturas a la presidencia, participar en la campaña, y los medios deben cubrir el proceso, pero “nada de esto está ocurriendo”, lamentó en su informe actualizado sobre ese país ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La alta comisionada indicó que a los 20 detenidos en relación con los comicios que ya denunció en junio se han sumado otros 16, “incluyendo políticos, defensores de los derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos u estudiantiles».
Entre esos últimos 16 detenidos hay siete personas que habían manifestado públicamente su aspiración a presentarse a las elecciones presidenciales de Nicaragua.
“La mayoría de estas personas permanecieron privadas de libertad hasta 90 días, incomunicadas y algunas en aislamiento, sin que las autoridades confirmaran oficialmente su paradero a las familias”, señaló la alta comisionada, quien también denunció posibles casos de tortura y maltrato contra algunos de ellos.
En las audiencias a estos detenidos, muchos acusados de conspiración, no se permitió el acceso a familiares, prensa independiente y “en la mayoría de los casos, tampoco abogados de confianza”, añadió Bachelet.
La expresidenta chilena recordó además que desde mayo se han cancelado tres partidos políticos, el último de ellos Ciudadanos por la Libertad el pasado agosto, “invalidando sus candidaturas sin que pudiera presentar su defensa».
Bachelet señaló por otro lado que se han intensificado los ataques a la libertad de expresión, como simbolizó el hecho de que el 12 de agosto el diario La Prensa anunciara el cese de su edición impresa debido a la retención de papel por parte de la autoridad aduanera. “Un día después, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron sus instalaciones, incautaron bienes materiales y posteriormente detuvieron a su gerente general”, señaló ante el Consejo de Derechos Humanos.
En este contexto, Bachelet urgió al Gobierno de Daniel Ortega que “cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil”, y que “libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas desde abril de 2018” según denuncias de organizaciones de derechos humanos.
