Joan Vargas 
Altos mandos militares ofrecen detalles del caso en rueda de prensa.
Santo Domingo.- Hasta el momento las autoridades desconocen la cantidad y el destino final de un cargamento de drogas introducido al país por el Aeropuerto Internacional de La Romana, por cuya operación fueron cancelados dos coroneles, un primer teniente de la Policía y un asimilado militar que ofrecían servicio en dicha terminal.
Los expulsados son el coronel Robert Antonio Ramírez Pimentel, del Ejercito de República Dominicana (ERD), y Domingo Figuereo Heredia, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), quien se desempeñaba como director de Seguridad de la terminal y está acusado de desactivar el protocolo de seguridad para permitir el arribo de una aeronave, matrícula HK4909G, procedente de Cartagena, Colombia.
Los oficiales superiores, quienes pertenecían desde hace 25 años a sus respectivas instituciones, actuaron en contubernio con el primer teniente de la Policía Andrés Lorenzo Castillo Padilla y el asimilado Emmanuel Cruz Espinal, para que la carga narcótica, contenida en 23 paquetes envueltos en sacos, fuese abordada en otra aeronave con rumbo desconocido.
Al encabezar la rueda de prensa, el ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, dijo que la cancelación de los agentes fue adoptada siguiendo la recomendación de la comisión investigadora.
“La comisión seguirá trabajando y la investigación seguirá abierta en la parte militar y disciplinaria dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía”, indicó el ministro.
El informe indica que la comisión determinó que el “procedimiento que se llevó a cabo con dicha aeronave fue totalmente irregular”, en violación a las normas y procedimientos del Programa de Seguridad de Aeropuertos y que el incumplimiento fue propiciado por órdenes emanadas directamente del director de seguridad, coronel Figuereo Heredia.
Procuraduría investigará
El procurador Jean Alain Rodríguez informó que abrirán una investigación contra los acusados de permitir la entrada del alijo.
El funcionario aclaró que todavía no ha recibido el expediente contra los oficiales superiores y los subalternos.
El magistrado aseguró que si se comprueba que hay indicios penales contra los militares cancelados y el civil, a través de las pesquisas, se procederá a someterlos a la Justicia, así como a todas aquellas personas que resulten involucradas.
