Autoengaño oficial con la delincuencia

Cada lunes, como un ritual, casi siempre encabezado por el presidente Luis Abinader, el Gobierno lleva a cabo una reunión interinstitucional con las autoridades responsables de la seguridad nacional, que incluye la prevención y control de la delincuencia y la criminalidad en el país.

Folders en manos, informa a la opinión pública acerca de supuestos avances en materia de seguridad ciudadana, pero que contrasta con la realidad, especialmente respecto a un crecimiento progresivo de la delincuencia que tiene aterrada a muchas comunidades. Indudablemente que se trata de una estrategia gubernamental de autoengaño en relación a la referida problemática.

Una muestra de lo anterior está en los momentos de tensión en que viven vecinos del kilómetro 20 de la carretera Villa Mella-Yamasá, debido a la búsqueda de Andrés de los Santos, alias “Yanepa”, señalado el presunto líder de una banda responsable de la muerte de al menos cinco personas en lo que va de enero del 2025. Escuelas han optado por cerrar, al igual que el comercio, motivado al miedo a que ocurra algún incidente relacionado con el caso.

Mientras que en otra muestra de una política pública equivocada radica en que enero de 2025 casi duplica la cantidad de personas abatidas por agentes de la Policía Nacional en comparación con el mismo periodo de 2024.

De acuerdo con los registros policiales, en los primeros 23 días de enero de 2025, al menos 11 personas perdieron la vida en supuestos intercambios de disparos con las autoridades, superando los seis fallecidos registrados durante todo el mes de enero del año pasado.

Un efectivo plan de seguridad ciudadana debe tener un correcto balance entre la prevención y el control del crimen, que contemple una reducción significativa del gasto desproporcionado en vigilancia policial que incurre la administración del presidente Abinader.

De la misma manera, en una adecuada planificación de políticas públicas para la prevención y control de la delincuencia y la criminalidad hay que tomar en cuenta una serie de factores, entre ellos la concentración urbana, la desigualdad, el desempleo, familias dislocadas y servicios públicos inexistentes o deficientes. Actualmente, tributan a la agudización del problema los apagones que afectan a la mayoría del pueblo.

Una cuestión clave, sin embargo, es el reconocimiento de la existencia del problema. Complica la puesta en marcha de estrategias encaminadas a soluciones adecuadas, si se persiste en negar el aumento de la inseguridad ciudadana, a expensa del incremento de la delincuencia y de la criminalidad.

Numerosos casos de ratería como robos, asaltos y despojo de documentos, entre otros que ocurren cada día en las calles de los principales centros urbanos de la geografía nacional, generando estos hechos más preocupación y alarma entre la población; también colocan al desnudo en Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Lo cierto es que la Policía Nacional sigue siendo un ente reactivo, no preventivo. La falta de preparación y equipamiento de la institución no ha sido superada en la práctica, a pesar de que el Gobierno hace gala de avances en ese sentido.

Hay que abandonar las acciones cosméticas e ir a las raciones más profundas de la problemática; el marketing y las relaciones públicas no aportan eficacia, al contrario, la población le confiere un carácter de burla.

En vista de que la esperanza es lo último que se pierde, la sociedad dominicana espera que el sector oficial abandone su autoengaño y reconozca que la inseguridad ciudadana representa un grave problema que amerita de más esfuerzos para afrontarlo con posibilidades de éxito.