El auge de los ciberdelitos desafía el escaso alcance de la ley 53-07

Santo Domingo. – Era la tarde de un día de semana en el Gran Santo Domingo, cuando de pronto, el teléfono de la residencia de Juan Mato (nombre ficticio) irrumpió la tranquilidad que había en el hogar. Su hijo José tomó la llamada, y el grito de asombro junto al repentino cambio en su rostro, dejó paralizado a sus hermanos que también se encontraban en la vivienda.

Un supuesto coronel llamó a la casa desde un “destacamento”, para informar que su padre estaba en prisión tras chocar de manera incidental a una niña, y requería dinero urgente para poder quedar en libertad.

El menor de edad quedó sin palabras, y fue su hermano mayor quien continuó la conversación con el presunto oficial, que después de varias interrogantes, dejó al descubierto al hombre que buscaba dinero fácil mediante una falsa emergencia.

A esto se le conoce como «phishing telefónico» o «vishing», acción que puede ser considerada como un ciberdelito y por la que diariamente, cientos de personas exponen información personal y sufren pérdidas financieras.

En el país existe la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que además de llamadas fraudulentas, sanciona otras infracciones que incluyen acceso ilícitos a sistemas, interceptación de datos, daño o alteración de información y el uso de tecnologías para cometer terrorismo.

Según el Merlin Mateo Sánchez, miembro del Consejo Superior del Ministerio Público (MP), en República Dominicana las estafas cometidas a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, constituyen parte del quehacer cotidiano del sistema de justicia.

Para el magistrado, esto es producto del auge en el uso de smartphones, redes sociales y plataformas digitales, que ha incrementado exponencialmente el riesgo al que se expone cualquier ciudadano que interactúe en línea.

“La ciberestafa se ha convertido en uno de los delitos más frecuentes, debido, en gran parte, a la explotación deliberada del eslabón más débil en cualquier cadena de ciberseguridad; el factor humano”, subrayó el letrado, en un artículo publicado por este medio.

Explicó que la ciberestafa es un delito transversal dentro del universo de los crímenes de alta tecnología, ya que para su ejecución, los delincuentes suelen incurrir simultáneamente en conductas como el robo de identidad, el acceso ilícito a sistemas informáticos, al uso indebido de datos y a la transferencia electrónica fraudulenta de fondos.

Cambios en la normativa

Mateo Sánchez considera necesario una modificación al marco legal que regula los ciberdelitos, por el incremento sostenido de este fenómeno delictivo.

El magistrado sugiere una revisión al carácter de acción pública e instancia privada con el que se persigue este tipo de infracciones, porque en la práctica, se debilita gravemente la respuesta penal del Estado.

Asimismo, sostiene que la escala penal vigente de tres meses a siete años de prisión, merece ser reconsiderada por el impacto económico, emocional y social que generan estos ilícitos, ya que entiende que el tratamiento legal debe ser coherente con la gravedad real de las consecuencias que provocan.

Mateo Sánchez, también plantea en su artículo, la necesidad de facilitar mecanismos que garanticen una persecución penal más efectiva de los ciberdelitos, así como actualizar el catálogo de conductas típicas para incluir fenómenos delictivos emergentes que aún no se encuentran tipificados, entre los que se destacan el grooming o engaño pederasta, los delitos cometidos mediante el uso de criptomonedas, el cyberbullying, y los crímenes digitales vinculados al uso de inteligencia artificial.