SANTO DOMINGO.- Cada una de las auditorías iniciadas o terminadas por el anterior pleno de la Cámara de Cuentas, serán revisadas exhaustivamente desde la etapa de la planeación e incluyendo sus objetivos, alcances y los procedimientos aplicados. Así se hace constar en el documento firmado por tres de los cinco miembros del órgano fiscalizador.
«Se procederá a realizar una segregación en función de la relevancia y la envergadura de las auditorías. Estas serán revisadas por un personal competente distinto al actuante en las auditorías anteriores. A estos auditores no se les entregará el trabajo realizado por el equipo original. Luego se compararán los resultados entre ambos trabajos» dice el documento.
Elsa Peña Peña se encargará de la supervisión de ese proceso.
En el caso de las auditorías que evidencian falencias importantes al ser comparadas con el nuevo trabajo, serán anuladas mediante resolución del pleno basadas en las normas vigentes.
Otro de los puntos acordados fue publicar el plan de auditorías sin revelar los años que serán auditados ni los criterios para la elaboración del plan, ni los detalles específicos del trabajo que va a realizarse.
«Se harán públicos extractos de las actas del pleno en la página web del órgano a fin de que la ciudadanía pueda ser veedor de las labores de la cámara de cuentas».
Te invitamos a leer: En la Cámara de Cuentas depurarán todo el personal
Plazo de dos meses
El pleno de la Cámara de Cuentas se compromete a poner en ejecución en un plazo no mayor de 2 meses el Proyecto para la fiscalización y seguimiento en línea de ejecución presupuestaria del Estado dominicano (DIMEP), para lo cual tiene asignación presupuestaria y apropiaciones de fondos. Deberán definir qué debe hacerse, establecer los pasos a seguir, los plazos y responsables.
En los casos en que se detecte que el patrimonio público ha sido afectado, se cuantificarán los daños y se establecerán las responsabilidades civiles y patrimoniales correspondientes como lo prevé su ley orgánica. En los casos que haya indicios de responsabilidad penal, hacerlo constar en sus trabajos e informar al Ministerio Público.
Igualmente fue acordado fortalecer la Dirección Jurídica con nuevos abogados de alta competencia para cumplir cabalmente con este mandato legal.
El documento indica que se creará un nuevo formato y checklist para la preparación de informe de auditoría que incluya el daño patrimonial.
Dos abogados especialistas en el área trabajarán con el coordinador del área jurídica y dos auditores para trabajar directamente con la Presidencia.
En los casos donde existan diferencias de criterios técnicos, solicitarán la consulta y opinión al Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IAIRD) y/o el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) como eje regulador de la profesión.
