En las últimas décadas, no solo en este Gobierno, se ha venido perpetrando una ilegalidad que consiste en aprobar leyes o normas inaplicables, ya sea por la imposibilidad material de cumplirlas, porque contravienen la razonabllidad o porque son inconstitucionales.
El bajadero común es dictar alguna norma administrativa explicando por qué “se acata, pero no se cumple”, como en época de la colonia, cuando la idiosincrasia nuestra se definió para sobrevivir en medio de una mansa anarquía. Hoy le toca el drama a la inminente entrada en vigor de la Ley 98-25, que modifica la de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20).
Esta flamante Ley 98-25 prohíbe la importación y uso de tapas para medicinas, ciertos envases de alimentos y otros productos. La buena intención de exigir tapas certificadas como biodegradables para envases hechos con espuma de poliestireno (usualmente llamada foam o fom), se revirtió como un filoso bumerán al no corregir que otras tapas sí pueden continuar usándose.
Una muestra de buena voluntad de la Aduana ha sido emitir una norma para no aplicar la prohibición alegando vacatio legis por la falta del reglamento de la Ley 98-25. Pero crea un problema para empresas que no pueden ni desean operar fuera de la ley ni por favores administrativos especiales que algún tribunal puede declarar ilegales, empeorando el rollo.
La AIRD e Infadomi, gremios de las industrias y fabricantes de medicinas, advirtieron ayer cuan negativos son los impactos de esa prohibición, incluyendo desabastecimiento y cierre de fábricas. Las tapas y partes plásticos para medicamentos y alimentos no son comunes, sino insumos técnicos diseñados para garantizar esterilidad, hermeticidad, estabilidad e inviolabilidad, incluyendo sistemas de seguridad infantil.
Ojalá las autoridades den una solución legal sostenible que evite el agravamiento de este maco que en 2025 los encargados de Industria y Comercio y de Aduanas debieron prever y evitar, para ahorrarle este atrabanco al presidente Abinader.
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