Al 2023 el plan de movilidad eléctrica del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre contempla que en el país hayan 60mil vehículos eléctricos.
Santo Domingo.– La Asociación de Movilidad Eléctrica de la República Dominicana (ASOMOEDO) notifica a las diferentes instituciones del Gobierno su disposición para brindar asesoría honorífica en temas de movilidad eléctrica, eficiencia energética y cálculo de huella de carbono.
La entidad, a través de un comunicado, expresa que esta acción es con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) y los objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS).
“Como organización dedicada a promover la movilidad sostenible incluyendo motivar el aprovechamiento de la ley 103-13 y conscientes del impacto ambiental que generan los combustibles fósiles, nos ponemos a disposición de las diferentes instituciones del gobierno para compartir nuestra experiencia y conocimientos en la materia”, señala la carta.
En este sentido, resalta que se apoyan en los artículos 66 y 67 de la Constitución de la República Dominicana, que establecen el derecho al medio ambiente sano y a la protección del mismo, así como el deber del Estado y de la sociedad de preservar, proteger el medio ambiente para las presentes y futuras generaciones.
Apunta el artículo 16 de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, el cual establece la necesidad de promover tecnologías limpias y fuentes de energía renovable, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la calidad del aire.
“En Asomoedo estamos comprometidos en contribuir al desarrollo sostenible del país y en impulsar la transición hacia una movilidad más limpia y eficiente, con la finalidad de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire”, finaliza el comunicado.
La propuesta de Asomoedo surge de la reciente emisión del decreto número 158-23, el cual declara de alta prioridad nacional la implementación de una política de ahorro y eficiencia energética en todos los órganos de la Administración pública que se encuentran bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, incluyendo la Administración pública central, descentralizada, como los organismos autónomos.
