Igual que más del 80 % que según un sondeo apoya que el gobierno deporte a las parturientas haitianas detenidas en los hospitales públicos en los últimos días, aplaudo que el Estado dominicano apriete el control migratorio, cuyo desorden eterno ha creado innumerables problemas al país.
Pero el lugar para detectar y deportar a los ilegales, sean haitianos, cubanos, venezolanos o europeos, es en las fronteras del país para que no entren.
Cual sea la nacionalidad de cualquier residente aquí, sin importar su estatus legal, como persona humana posee derechos que incluyen la atención médica.
No estoy abogando porque continúe la barbaridad de que hay días cuando más de la mitad de las mujeres que paren en nuestros hospitales son haitianas que residen ilegalmente o están indocumentadas.
¡Eso no! Pero el cambio para bien de la política dominicana con respecto al inviable, violento y disuelto estado haitiano, no necesita incluir crueldad ni abusos. Defender nuestros derechos e integridad nacional debemos hacerlo desde la superioridad moral que otorgan la razón y la legalidad.
