Santo Domingo.-La eliminación del tercer párrafo del artículo 85 en el Código Procesal Penal aprobado por el Senado ha generado grandes debates entre juristas, legisladores y funcionarios del Gobierno.

A partir de ahora los ciudadanos no podrán querellarse contra los funcionarios del Gobierno por corrupción, si el Poder Ejecutivo promulga la ley.

El procurador general Francisco Domínguez Brito dijo ayer que la eliminación de este artículo, que quita la prerrogativa del ciudadano para querellarse, deberá ser revisado en el Congreso de manera profunda.

“No debe este artículo que ha traído conflicto impedir que se promulgue una ley que tiene más de ocho años de trabajo, que es beneficiosa, pues esa reforma va a ayudar a la lucha. Yo garantizo que eso no va limitar que se ponga una denuncia, que todo el mundo puede poner una denuncia, porque eso es constitucional; eso nadie lo impide”, manifestó.

De su lado, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, afirmó que estas modificaciones le dan de frente a la delincuencia, por lo que esas modificaciones para ellos son “innegociables”, porque tienen que ver con las debilidades en la implementación de ese Código.

Martínez consideró que los argumentos jurídicos de un grupo de abogados que solicita al Poder Ejecutivo no promulgar las modificaciones hechas por el Congreso Nacional al CPP, tratan de manipularlo.

Mientras que el senador por Santiago, Julio César Valentín, dijo que no está de acuerdo con la modificación al artículo.

Sin embargo, aseguró que existen mecanismos para que la ciudadanía pueda denunciar y atacar la corrupción.

Manifestó que en el país se deben establecer mecanismos posibles sin violentar la Constitución, para que la ciudadanía pueda incentivar al Ministerio Público a iniciar investigaciones para sancionar la corrupción.