Arroz, aranceles y tecnología: los frentes que empujan a Abinader a buscar un nuevo equilibrio con EE. UU.
- El Gobierno procura mejores condiciones comerciales mientras enfrenta presiones de Washington por la aplicación del DR-Cafta y el uso de tecnología asiática en sectores estratégicos
Santo Domingo. El presidente Luis Abinader ha colocado la negociación de un acuerdo comercial más recíproco con Estados Unidos entre las prioridades de su Gobierno, en un contexto de presiones vinculadas al arroz, el DR-Cafta, los aranceles estadounidenses y las reglas sobre trabajo forzoso.
La posición del mandatario apunta a preservar las ventajas que durante años han favorecido el intercambio bilateral, pero también a defender espacios de protección para sectores sensibles de la economía y procurar que las nuevas condiciones comerciales sean negociadas en términos que, a juicio del Gobierno, resulten favorables para el país.
Durante su participación ayer en un foro sobre inversión y nearshoring, Abinader afirmó que su administración trabaja activamente para alcanzar, en el menor tiempo posible, un acuerdo recíproco de tarifas con Estados Unidos.
“Su principal objetivo en el tiempo más breve posible es negociar un acuerdo recíproco de tarifas, como tiene que ser y como se merece la República Dominicana”, manifestó ayer el jefe de Estado, al referirse a las gestiones que encabeza el canciller Víctor -Ito- Bisonó.
La declaración se produce en un escenario en el que Washington y el Gobierno mantienen diferencias sobre la aplicación de compromisos comerciales asumidos bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta), particularmente en torno al proceso de apertura del mercado dominicano del arroz.
El arroz, uno de los principales puntos de fricción
El mercado del arroz se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles de la agenda comercial bilateral.
Desde la perspectiva estadounidense, República Dominicana debía avanzar desde enero de 2025 hacia la eliminación de los aranceles aplicados al arroz procedente de Estados Unidos, conforme al calendario de desgravación establecido en el DR-Cafta.
El Gobierno dominicano, sin embargo, ha optado por preservar la protección de la producción nacional mediante el Decreto 693-24, que establece la entrada libre de aranceles de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense, mientras mantiene un arancel de 99 % para las cantidades que superen ese volumen.
Para Washington, este esquema no se corresponde con los compromisos adquiridos por el país bajo el tratado de libre comercio.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha señalado que República Dominicana se comprometió a eliminar los aranceles sobre productos agrícolas estadounidenses a partir del primero de enero de 2025 y ha expresado preocupación por medidas que, según su interpretación, podrían afectar las obligaciones asumidas bajo el DR-Cafta.
La posición dominicana parte de una preocupación diferente: el impacto que una apertura total tendría sobre uno de los principales cultivos agrícolas del país.
El arroz representa una actividad económica de gran importancia, con presencia en numerosas provincias y una cadena productiva que incluye productores, trabajadores agrícolas, factorías, transportistas, comerciantes, suplidores de insumos y otras actividades vinculadas al campo.
Por ello, la discusión comercial trasciende el intercambio de mercancías y se conecta directamente con la protección del empleo, la seguridad alimentaria y la estabilidad de las comunidades productoras.
Aranceles y trabajo forzoso agregan presión
A la discusión sobre el arroz se sumó otro elemento que ha elevado la presión sobre la relación comercial.
El presidente Abinader dispuso mediante el Decreto 502-26 una serie de medidas administrativas destinadas a prevenir, identificar, verificar y prohibir la importación de bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados total o parcialmente mediante trabajo forzoso.
La disposición establece que la prohibición podrá aplicarse cuando existan evidencias razonables de que en alguna fase de la cadena de suministro de una mercancía se utilizó este tipo de trabajo.
La medida adquirió especial relevancia por producirse en el mismo contexto de las decisiones comerciales adoptadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que impuso un arancel de 12.5 % a productos dominicanos.
La discusión coloca nuevamente sobre la mesa la necesidad de armonizar las políticas nacionales con los estándares exigidos por Estados Unidos para el acceso a su mercado.
Más allá del porcentaje arancelario, el episodio evidencia cómo las disposiciones regulatorias, laborales y comerciales pueden terminar convirtiéndose en instrumentos de presión dentro de la relación económica entre ambos países.
Telecomunicaciones: otro frente sensible en la relación con Washington
A los temas comerciales se suma un componente estratégico: la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo difundió recientemente una advertencia sobre los riesgos que Washington atribuye al uso de determinadas tecnologías de origen chino en infraestructuras consideradas sensibles. Entre las empresas mencionadas expresamente figura Huawei, una importante suplidora de tecnología para operadores de telecomunicaciones que operan en República Dominicana.
La advertencia estadounidense se produjo además en momentos en que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció la adjudicación de espectro radioeléctrico a la empresa vietnamita Viettel, que se prepara para entrar al mercado dominicano y desplegar una nueva infraestructura de telecomunicaciones.
Ayer, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara, descartó cualquier tipo de conflicto diplomático directo con la empresa asiática ganadora del concurso público.
Abinader apuesta por preservar las reglas para invertir
En medio de estas diferencias, el mandatario ha insistido en enviar una señal de estabilidad a los inversionistas.
Abinader garantizó que el Gobierno mantendrá los incentivos a las zonas francas y sostuvo que la República Dominicana continuará fortaleciendo las condiciones necesarias para captar inversión extranjera y aprovechar el proceso de nearshoring, mediante el cual empresas buscan trasladar parte de sus operaciones hacia países más cercanos a sus principales mercados.
El planteamiento tiene especial importancia porque Estados Unidos constituye el principal socio comercial de República Dominicana y, al mismo tiempo, uno de los mercados estratégicos para la expansión de las zonas francas y las cadenas de manufactura instaladas en territorio dominicano.
La apuesta del Gobierno es que la posición geográfica del país, el acceso preferencial al mercado estadounidense y la estabilidad de sus incentivos permitan atraer nuevas inversiones, incluso en un contexto internacional marcado por cambios en las cadenas globales de suministro.
Menos burocracia y más competitividad
Abinader también ha vinculado la capacidad de atraer inversiones con la reducción de obstáculos internos.
Durante el foro empresarial destacó el caso expuesto por uno de los participantes, quien explicó que para obtener los permisos necesarios para desarrollar una inversión en República Dominicana necesitó 12 autorizaciones, frente a más de 100 en México.
Aunque valoró la diferencia, el presidente consideró que todavía son demasiados trámites.
“Todavía yo creo que 12 son demasiados y por eso estamos haciendo y trabajando para reducir esos permisos”, sostuvo.
El Gobierno también identifica como desafío la formación del talento humano necesario para responder a las nuevas demandas de la industria. Abinader destacó la expansión del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y de la formación vinculada con tecnología, educación digital, ciberseguridad e inteligencia artificial.
Sobre el autor
Joan Kennedy Vargas, periodista dominicano. Cubre la fuente de la Presidencia de la República, Policía, Fuerzas Armadas y DNCD.
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