En alrededor de seis días laborables cerca de 19,000 personas han alborotado las delegaciones gubernamentales provinciales y demás oficinas establecidas en Santo Domingo para registrarse en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE).
Tras la confusión y la desorientación que caracterizaron el lanzamiento y hasta ahora afectan grandemente el proceso, la repuesta del público superó las deficiencias institucionales. Por ende, si hay real transparencia, los correctivos de lugar se pueden aportar en vista del éxito del Plan, que se medirá por el número de inmigrantes admitidos.
Hay inquietudes sobre el listado de documentos a presentar y los plazos fijados. Particularmente para quienes deberían solicitar los mismos del Estado haitiano. Por razones inentendibles no se ha sentido la implicación del gobierno haitiano.
Desde unos encuentros realizados con sus pares dominicanas meses atrás, las autoridades haitianas no han anunciado aún su plan de acompañamiento de la comunidad. Informalmente se sabe que un “paquete” de tres documentos, acta de nacimiento, cédula y pasaporte, seria facilitado a través de la embajada y los consulados por un costo de RD$ 2,500. Muchos lo encuentran alto e injusto.
Ello, al tomar en cuenta que supuestamente Haití recibió US$40 millones de la cooperación internacional para la documentación de sus nacionales según el gobierno dominicano a través del Ministerio del Interior. También, sin rodeos, afirma que su contraparte no colabora.
El dialogo bilateral debería reiniciarse. Así aprovechar del primer mes del PNRE, el próximo 2 de julio, para evaluar el proceso con la participación de la sociedad civil y de la diáspora haitiana.
En lo positivo hay que saludar los esfuerzos consentidos en la República Dominicana, tomando en cuenta las diferencias de visión y enfoque entre funcionarios de organismos estatales sobre el tema migratorio.
Igualmente, vale señalar que se ha logrado, con sus limitaciones, una interacción, con actores no estatales, objetivamente provechosa para el Plan. Entre otras, tres importantes recomendaciones de dichos actores han sido retenidas por las autoridades.
La primera es la gratuidad del proceso. Para ello, un presupuesto aproximado a los RD$ 800 millones ha sido asignado por el gobierno dominicano. Al respecto, es evidente la disposición oficial de luchar en contra de los “buscones” y abogados inescrupulosos. No sería demás publicar el costo de los servicios legales que corren por cuenta de los solicitantes.
La segunda es la suspensión de las deportaciones. Pese a las reacciones contrarias de grupos extremistas y un sector eclesiástico conocidos, el Poder Ejecutivo mantuvo firme esa posición atendiendo algunas sugerencias de reforzamiento de la frontera.
La tercera es el uso del creole. Si bien no se ha lanzado aun una campaña en los medios de comunicación masiva, por demás imprescindible, lo cual se ha previsto hacer también en inglés, es de destacar la presencia de intérpretes para los inmigrantes haitianos.
En el mismo tenor, oficiales dominicanos han expresado estar sorprendidos por el número de solicitantes haitianos que llegan con sus documentos.
No es casual. Entre 2002 y 2004 se llevó a cabo, en estrecha colaboración con el gobierno dominicano, la primera gran operación de documentación de inmigrantes por el gobierno haitiano. El mismo benefició a unos 80,000 compatriotas.
Diez años después, en retribución a los diversos aportes de los trabajadores migrantes haitianos a los dos países de la isla, falta que ambos gobiernos se unan nuevamente para completar la obra. ¡Qué no se quede nadie!
