Recientemente la rectoría del sistema financiero y otras entidades públicas han tomado una serie de disposiciones, respondiendo a prioridades y programas del Gobierno, como el caso de la llamada Ciudad Juan Bosch, con la finalidad de facilitar la construcción de miles de viviendas del tipo denominado como de bajo costo.
Entre estas disposiciones esta la liberación de requerimientos de encaje legal al sistema financiero por un monto de RD$10,000 millones, y la Norma General 01-2015 de la Dirección General de Impuestos Internos.
El objetivo de estas disposiciones es contribuir al estimulo y realización de conjuntos de miles de viviendas, de costo oscilante entre RD$ 1 millón y RD$2.4 millones cada una, ubicadas en conjuntos urbanos, que aun cuando posiblemente adolecerían de inconvenientes de transporte, desafíos a la seguridad pública y problemas de suministro de agua, energía eléctrica y servicios sanitarios, se espera sean objeto de gran demanda gracias precisamente a las facilidades antes citadas.
Pero a pesar de estas intenciones y esfuerzos, persisten inconvenientes, razones por las cuales vemos la celebración de reuniones entre autoridades del Banco Central y diferentes grupos, incluyendo a los intermediarios financieros.
El meollo que parece impedir que arranque en firme esta nueva etapa de construcción de viviendas populares, amén del esfuerzo recién anunciado de la alianza Vicini-Bisonó, radica en la imposibilidad momentánea de contar con garantías hipotecarias que permitan avalar los créditos concedidos tanto a propietarios como adquirientes futuros.
Así mismo, existen problemas de titularidad de terrenos y su posibilidad de ser aportados a los fideicomisos que ampararían su construcción.
Luce obvio que las fuerzas del mercado no están obrando a plenitud y que las autoridades se esfuerzan en acomodar la oferta a una demanda esperada, pero que de momento, no se ha hecho presente con suficiente fuerza.
