Arismendi Díaz Santana: “El sistema de Seguridad Social ha sido capturado por grupos económicos”

Santo Domingo.- El experto en seguridad social y funcionario estatal Arismendi Díaz Santana se quejó de que la Ley de Seguridad Social tiene 25 años de desarrollo y aún no ha sido sometida a una evaluación objetiva e independiente.

Dijo que las autoridades del Gobierno, del cual ejerce una función ética, han sido cómplices de la omisión al no cumplir con el mandato de revisión de la Ley 87-01 en el año 2011.

También criticó la subordinación de la protección social a la privatización y mercantilización, y opinó que el sistema “ha sido capturado por grupos económicos que bloquean las reformas para mantener privilegios”.

Entre las limitaciones persistentes citó la ausencia del Régimen Contributivo-Subsidiado, la falta de implementación de la atención primaria, la eliminación del cálculo de las Cuentas Nacionales en Salud y la sustitución ilegal del Plan Básico de Salud.

Díaz Santana, quien coordina la supervisión administrativa y financiera de la ARS SeNaSa, aseguró que la complicidad de las autoridades evidencia una falta de voluntad política para enfrentar intereses creados y corregir distorsiones.

Puede leer

¿Quién es Arismendi Díaz Santana, el coordinador de la comisión que supervisará SeNaSa?

Indicó que, a pesar de los avances alcanzados en la materia, el país aún no cuenta con estudios imparciales que midan el impacto real del sistema dominicano de seguridad social.

“Hay alabanzas de muchos y demonización de pocos, primero sin una evaluación integral y objetiva”, comentó en un artículo publicado en el boletín de la Fundación Seguridad Social para Todos, la cual preside.

Sostuvo que entre los logros más destacados del sistema están la cobertura casi universal que protege a más de 10 millones de personas, la acumulación de un fondo multimillonario para el retiro y el incremento significativo del gasto nacional en salud.

Sin embargo, amplió estos avances no son suficientes frente a las necesidades de la población ni al crecimiento sostenido de la economía.

Puntualiza que, pese a ser una conquista social de mucha trascendencia, “se reconoce el atraso en la aplicación de reformas en el sistema de salud y la urgencia de cambios para garantizar la sostenibilidad y ampliar los beneficios”.

Fue enfático al cuestionar la responsabilidad de las autoridades del sector, “que disponen de recursos e información para contratar estudios, pero han evitado hacerlo”.

Comentó que la ausencia de un diagnóstico objetivo dificulta definir con precisión la dirección y profundidad de las reformas necesarias.

Resaltó que no hay estudios específicos sobre los factores que explican la reducción en la demanda de servicios públicos ni sobre la precariedad histórica de estos.

Recordó que las familias de menores ingresos destinan un 8.8 por ciento de su presupuesto al gasto de salud, lo que refleja una protección insuficiente.

“Aunque el 97 por ciento de la población está afiliada al sistema, esto no garantiza acceso real ni calidad en los servicios. El elevado gasto de bolsillo de los hogares demuestra que la afiliación no equivale a protección efectiva, un aspecto que rara vez se destaca en los informes oficiales”, resaltó.