Santo Domingo.-Los apresados por el caso Odebrecht se enfrentan a penas de entre 3 a 20 años de prisión y el decomiso y secuestro de todos los bienes ilícitos si son condenados por los delitos señalados en la orden de arresto emitida por el Juzgado de la Instrucción especial de la Jurisdicción Privilegiada.

También podrían ser inhabilitados para ocupar cargos públicos, según el artículo 123 del Código Penal citado en el requerimiento.

Las personas sobre las que pesa la orden de arresto provisional son acusados de corrupción, soborno, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y otras infracciones establecidas en el Código Penal, la Ley 72-02 de Lavado de Activos, la 82-79 sobre declaración Jurada de Patrimonio y la Constitución de la República.

“Estos señalamientos fueron aplicados como motivación de que existen suficiencia para que estas personas supuestamente están vinculadas a hechos de corrupción”, explicó a El DÍA el abogado Carlos Salcedo, representante legal del señalado Andrés Baustista.

El jurista explicó que el  juez de la instrucción especial designado por la Suprema Corte de Justicia para dirigir el caso Odebrecht , Francisco  Antonio Ortega Polanco tiene 24 horas para dictar medidas de coerción en contra de los detenidos.