El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, aplazó para el 22 de septiembre la audiencia preliminar contra el exempleado de la Procuraduría General de la República, acusado de estafar a varios empresarios mediante simulación de procesos de compras, debido a la ausencia de su abogado defensor.
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El acusado, exencargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), habría estafado a múltiples empresarios utilizando documentaciones falsas y maniobras fraudulentas, según el Ministerio Público.
La entidad asegura que cuenta con más de 100 pruebas, incluyendo documentos, testigos y periciales entre otros, con las que busca demostrar su responsabilidad de los hechos y que sea enviado a juicio.
El magistrado Mejía dispuso el aplazamiento para otorgar tiempo a que el imputado comparezca con su abogado o contrate uno. De lo contrario, el tribunal remitirá el expediente a la Oficina Nacional de Defensa Pública para la asignación de un defensor.
De acuerdo con el expediente, las acciones del acusado no solo perjudicaron a las empresas víctimas, sino que también afectaron la imagen institucional de la DGSPC, ya que utilizó su nombre, sello y logotipo para concretar contratos y compras ficticias de alimentos.
El documento detalla que, desde que Beato Dionicio asumió el cargo de encargado de Suministros de Alimentos en la DGSPC, el 15 de abril de 2024, habría ejecutado varias estafas contra distribuidores de alimentos, haciéndoles creer que eran contratados directamente por el Ministerio Público.
Según la acusación, el imputado contactaba a empresarios presentándose como encargado de compras de la Procuraduría, ofreciéndoles vender productos a precios elevados. Posteriormente, replicaba la misma maniobra con otros suplidores de alimentos para prisiones, extendiendo el fraude a distintas empresas del sector.
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