Periodista Luis García
La inesperada suspensión de las elecciones municipales, cuando ya cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas habían iniciado el proceso de votación en las urnas, va generar, sin lugar a dudas, una crisis política y en la democracia dominicana.
Indudablemente que se trata de una situación de extraordinaria envergadura que requerirá de la maduré de liderato político nacional, a fin de buscar la salida que mejor convenga a los intereses del pueblo de la República Dominicana.
La gravedad es tal que no se conoce en la historia de América Latina la suspensión de unos comicios nacionales, a excepción de la República de Haití, cuya debilidad institucional se corresponde con un Estado fallido.
La situación genera una serie de preguntas, como ¿Deben renunciar los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral JCE)? ¿Dónde establecer la responsabilidad del fracaso?¿Habría que modificar la Constitución de la República?¿Conviene unificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales del mayo próximo? ¿Se pueden unificar las elecciones legalmente sin modificar la Constitución de la República?¿Fueron manipulados los equipos electrónicos que se utilizarían en el sistema de votación?
La verdad es que no existe un marco legal claramente establecido para la búsqueda de salidas jurídicas, en vista de la ley no prevé una suspensión general de elecciones.
Sin embargo, en primer lugar, la verdad es que se trata de un fracaso de la JCE en su responsabilidad de organizar las elecciones, tal y como le manda la Constitución de la República. Y en segundo lugar, la democracia dominicana queda considerablemente afectada.
En el imaginario social dominicano aún repercute la crisis postelectoral del año 1994, la cual puso en peligro la paz social y cuestionó la propia soberanía nacional porque requirió, para superarla, de la intervención de gobiernos y de organismos internacionales.
Una efectiva democracia electoral entraña desafíos, que deben ser prevenidos con inteligencia. Hablamos de democracia electoral cuando el régimen en el que la lucha en procura del poder público se dirime entre opciones plurales reales, en colegios sin exclusiones y a través de procesos competitivos, reglados y dirigidos por una autoridad de garantizada neutralidad.
La Constitución de la República confiere la facultad a la JCE, en los artículos 211 y 212, la facultad de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, garantizando la libertad, transparencia, equidad y la objetividad de las mismas.
De manera particular, en el párrafo IV, del artículo 212, establece: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.
Ahora no se trata del momento de lanzar leña al árbol caído, pero lo sucedido este domingo amerita que se adopten las sanciones correspondientes, independientemente de la jerarquía de los responsables.
La cuestión radica en que existe el imperativo de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de elegir y ser elegido y la realización de todos los actos lícitos para solventar las referidas prorrogativas, dentro de un Estado Social y Democrático de Derechos.
La suspensión de las elecciones crea una crisis no solamente democrática, sino también política. De hecho, los partidos políticos son los más llamados a entender el momento de prueba en que vive la democracia y procurar la salida que más convenga al país.
