Debemos a Emile Durkheim el término anomia, para quien un estado sin normas hace inestables las relaciones del grupo e impide su cordial integración. El concepto lo adopta luego Merton. Para este las estructuras sociales ejercen una presión definitiva en ciertas personas de la sociedad, de tal manera que producen una conducta inconformista en vez de una conformista.

Se trata para Durkheim de una conducta caracterizada por la ausencia de valores, morales, religiosos, cívicos y culturales. Esto genera sensaciones de alienación, indecisión, miedo, angustia, inseguridad, insatisfacción y hasta de suicidio, produciéndose la destrucción y reducción del orden social.

De ahí que, aún cuando existan las leyes y normas, es claro que estas no pueden garantizar una regulación social.

La anomia es una desviación o ruptura de las normas; pero también ocurre en las sociedades y grupos que sufren un caos debido a la ausencia de reglas de buena conducta comúnmente admitidas o peor debidas al reinado de reglas que promueven el aislamiento o incluso el pillaje más que la cooperación.

En un Estado constitucional de derecho (término pleonástico) las leyes deben ser cumplidas por todos, siempre y sin discriminación. La aplicación de las normas de convivencia no debe ser circunstancial. De lo contrario estaríamos ante el desorden, producto del incumplimiento, desconocimiento o ruptura de las normas.

Muchos ejemplos nos pueden ilustrar. Los semáforos -para hablar del tránsito vehicular- son artefactos que dan una sensación de modernidad, pero parecen, muchas veces, más efectos de lujo que de organización del tránsito.

Se obedecen sus luces -no siempre- si hay un Amet. Pero, muchos agentes, con esmerado cuidado, preguntan al conductor en falta ¿militar? Si la respuesta es positiva, perdone jefe, siga. Si el transgresor es funcionario del gobierno, su familiar o amigo, cordial excusa.

La aplicación privilegiada de la ley es propia de sociedades descompuestas. Muchos viven como chivos sin ley y he ahí el peligro, el luto, el llanto y el dolor por tantos accidentes y tragedias económicas y humanas provocadas por esta irresponsabilidad ciudadana y del Estado.

Las leyes de transparencia y que tienen que ver con la persecución de la corrupción pública poseen mecanismos que garantizan su efectividad, como la utilización de la figura del rumor público como fundamento de una investigación a una autoridad que ha prevaricado, por no cumplir con los deberes de su cargo.

Quizás, debemos reconocerlo, estamos viviendo un momento de disrupción, de rompimiento, con esa desidia y eso abre espacios de esperanza, lo que no significa que hemos dado los pasos gigantescos para vencer la anomia normativa.

La función operativa del Estado en la aplicación de la norma pone bajo su responsabilidad la estabilidad social y económica. Y es que las leyes no solo se deben presumir conocidas por todos, sino que deben cumplirse y la autoridad competente hacerlas respetar en todos los casos.

Un sistema que no garantice el cumplimiento efectivo e igualitario de la ley ante sus ciudadanos, debe ser revisado profundamente. Los problemas de anomia normativa se reflejan al momento de la aplicación de esas normas en la sociedad. No se debe permitir ni la displicencia normativa, ni la ineficiencia en la ejecución de las leyes.

Debemos respetar la ley. Hacerlo significa cumplir con el mandato normativo y no ser indiferentes antes las normas sociales. Esto implica que el ciudadano no está solamente en una posición pasiva de cumplimiento de la ley, sino de promotor de su eficacia y optimización.

Tampoco podemos incentivar un cumplimiento de mala gana, dado casos de leyes obsoletas, ilegítimas, ambiguas y con una visión corta del plano regulatorio que ocupa. Por lo que debemos comenzar por tener buenas leyes y un sistema que garantice su aplicabilidad.

Luchamos permanentemente por el estado de derecho. La ley es una fuente de cambio social significativo, que garantiza estabilidad, armonía, seguridad y  desarrollo. Sin embargo, existe la ley porque todos estamos de acuerdo en su existencia.

Por lo que los acuerdos sociales sobre las modificaciones legislativas tienen que basarse en algo más que simplemente los caprichos individuales.

Tenemos que estar dispuestos a aceptar leyes que pueden ser un inconveniente para ciertos sectores porque vemos en ellas un propósito mayor que beneficia a la colectividad.

La democracia en general requiere un esfuerzo de la sociedad civil cohesionada para que estos principios de responsabilidad compartida, Estado-sociedad, tengan resonancia y efectos palpables en el desarrollo institucional y el mejoramiento del sistema legal actual.

Queremos ser como nación más libres cada día. Sin embargo la libertad viene con la responsabilidad de comportarnos de manera civilizada y respetando la ley.

El respeto de aplicación de la ley es una parte vital de ello. Eso nos hace formar parte del conjunto de  naciones civilizadas. Seguimos leyes, por ser la manera en que una sociedad puede funcionar y desarrollarse de manera pacífica, ordenada y sin fricción constante, ni violencia. De lo contrario la alternativa es la anarquía y no puede haber justicia ni paz social en ese escenario.

Romper con la ley y el orden significa generar un desastre para la colectividad y destruir el fundamento mismo de nuestra civilización. Nos toca a todos su acatamiento y de manera preponderante a quienes juran cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.