El rostro de Livy Laura Areché Collado reflejaba desesperación e impotencia cuando hacía la denuncia en redes sociales acerca de la suplantación de su cédula de identidad y electoral.
No era para menos, ya que llevaba más de un año prácticamente sin existir en términos legales, debido a que otra persona la suplantaba.
La residente en la provincia de La Romana vivió el vía crucis hasta que tomó la decisión de recurrir a la denuncia pública, a través de las redes sociales, y de esa manera lograr una respuesta satisfactoria de la Junta Central Electoral (JCE). La denuncia incluía impotencia, porque de acuerdo a sus alegatos en las dependencias a las que acudía no le prestaban la debida atención para resolverle el problema.
Pero el de Leivy Laura es apenas el caso público de suplantación de identidad más reciente. La lista es larga, entre ellas situaciones que involucran a personas vinculadas hasta en el crimen organizado. Los hay nuevos y viejos.
El narcotraficante José Figueroa Agosto, extraditado hace años a Estados Unidos, y el reciente de la cédula que portaba al momento de su detención Alberto Rodríguez Mota, investigado en el caso del atentado realizado contra David Ortiz, que era producto de una falsificación, ilustran ese panorama.
Mientras que en enero de este año, el pleno del órgano electoral, luego de evaluar el informe de una comisión que había sido creada para investigar la cédula de identidad y electoral a nombre de David José Mateo, portada por Julián Alberto Jiménez Monsalve, quien fue apresado, determinó que el documento era falso.
Se ordenó realizar una auditoría de todas las transcripciones de actas de nacimiento realizadas durante los años 2017 y 2018 en la Oficialía del Estado Civil de la Duodécima Circunscripción de Santo Domingo, lo que demuestra la gravedad de la situación.
Ese mismo mes también se hizo público el caso del robo de identidad de la señora Alejandrina Rojas Acosta.
Evidentemente que no hay que ser un experto para saber que las suplantaciones de identidad sin publicar superan a las que llegan a los medios tradicionales de comunicación o las redes sociales.
Pero lo preocupante radica en que la sociedad dominicana no le confiere la transcendencia que amerita, como si fuera una cuestión de anomia social, que consiste en la situación anómala en la que la violación a las normas se hace tan frecuente que termina no importando a nadie.
El artículo 212, Párrafo II de la Constitución de la República, establece: “Serán dependientes de la Junta Central Electoral el Registro Civil y la Cédula de Identidad y Electoral”.
La responsabilidad de este organismo, por tanto, es grande frente a la sociedad. Su misión es garantizar que la historia de nuestros antepasados y las de las presentes y futuras generaciones esté debidamente protegida.
Incluso, en esta época, resulta más fácil resguardar la información con el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Un Estado, en cuya estructura administrativa predominen la debilidad institucional y la anomia social, denota que la burocracia va perdiendo los valores de responsabilidad, honestidad y de vocación de servicio de funcionarios y empleados.
Si queremos ver una República Dominicana diferente, una sociedad más equilibrada, justa, responsable, innovadora y un futuro más alentador y competitivo; entonces es el momento de reflexionar y tomar en cuenta el significado de los valores más trascendentales para nuestras vidas.
Y, sin duda, el tema de las suplantaciones de identidad puede convertirse en uno de esos que llamen a la reflexión colectiva.
