Analicemos el proyecto de ley de la Policía Nacional presentado al Congreso (primera parte)

La reforma policial que hoy se discute en el Congreso Nacional no es un trámite legislativo más. Es una decisión estructural que definirá el modelo de Policía que tendrá la República Dominicana en los próximos años. Por eso debe analizarse con rigor técnico y con sentido de Estado.

La Policía Nacional no es una entidad administrativa cualquiera. Es una institución constitucional, con una ley orgánica vigente —la Ley 590-16— que establece su estructura, su cadena de mando y sus atribuciones. Esa ley organiza el equilibrio entre autoridad, responsabilidad y control civil. Cualquier proyecto que pretenda sustituirla debe demostrar que fortalece esa coherencia, no que la fragmenta.

Justamente en ese contexto estaremos iniciando una seria de análisis de este proyecto de ley, hoy estaremos iniciando por un artículo que nos interesó mucho el número 29 del proyecto. – ¿Qué propone este artículo? Permite que áreas estratégicas como administración, finanzas y presupuesto puedan ser ocupadas por profesionales civiles externos.

A simple vista podría presentarse como una medida de modernización, pero en una institución jerárquica como la Policía Nacional, la administración presupuestaria no es un área secundaria. Es un instrumento central del mando. Quien controla el presupuesto define prioridades operativas, determina la logística, incide en la planificación y condiciona la ejecución.

Separar el manejo financiero del núcleo institucional que responde por los resultados implica alterar el equilibrio entre responsabilidad y autoridad. Y cuando la responsabilidad no coincide con el control, la gobernabilidad institucional se debilita.

Ahora bien, aquí debemos decir algo con claridad y con respeto hacia los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional.

Dentro de las filas policiales existen profesionales altamente capacitados, oficiales con formación académica, experiencia administrativa y competencias técnicas suficientes para manejar áreas financieras y presupuestarias. Si el gobierno considera que esa capacidad debe fortalecerse, el camino no es desplazarla; es invertir en su profesionalización, ampliar su formación especializada y elevar los estándares internos.

La solución no puede ser traer estructuras externas que rompan la coherencia jerárquica. La solución es capacitar más, exigir más y confiar más en el talento institucional.


La Policía Nacional ya cuenta con una Subdirección Administrativa y Financiera, con órganos de control interno y con supervisión estatal. Si existen debilidades administrativas, deben corregirse dentro del marco institucional, no desplazando funciones estratégicas hacia actores ajenos a la estructura jerárquica.

Además, el diseño propuesto no surge en el vacío, guarda similitudes con reformas implementadas en otros países de la región, particularmente en Colombia, y ya estamos acostumbrados a ver que cada comisionado trae su librito. – las condiciones y la estructura policial de este país fue reorganizada bajo un contexto de conflicto interno y una arquitectura estatal distinta.

Trasladar ese esquema sin una adaptación profunda a la realidad dominicana puede generar distorsiones institucionales. Nuestra dimensión territorial, nuestro contexto de seguridad y nuestra estructura presupuestaria exigen soluciones propias, no reproducciones automáticas.

Las reformas que no nacen de la realidad terminan debilitando aquello que pretenden fortalecer. El país necesita una transformación policial diseñada desde su propia experiencia.

Existe además un elemento jurídico que no puede ignorarse. Mientras la Ley 590-16 permanezca vigente, cualquier proceso de reorganización debe estar amparado en ella. Si se han ejecutado transformaciones estructurales que no encuentran sustento claro en el marco legal actual, estamos ante una tensión con el principio de legalidad administrativa. El Estado no puede reformar en la práctica lo que la ley todavía regula expresamente.

Es nuestra responsabilidad analizar con rigor cada propuesta y advertir cuando una reforma, aun con buenas intenciones, pueda generar debilidades estructurales en la institución.

La Policía Nacional no necesita que la reemplacen, necesita que la fortalezcan, que la profesionalicen y que reconozcan la capacidad de sus propios cuadros.

Si realmente queremos una transformación profunda, debemos comenzar por creer en la institución y por invertir en su desarrollo interno, no por desarticular su eje estratégico.

Porque quienes visten el uniforme no son un obstáculo para la reforma. Son la base sobre la cual debe construirse y si la reforma no fortalece esa base, entonces no es reforma: es una reconfiguración sin rumbo.