Con el paso de los años, el anacronismo se ha ido apoderando de una buena parte de las empresas e instituciones del Estado, la mayoría lucen desgastadas en sus programas, planes y proyectos, a tal punto que muchas de ellas no contribuyen nada al desarrollo económico y social del país y en vez de aportar recursos al gobierno se han constituido en una carga económica para este y para el sostenimiento de su nómina y sus gastos mensuales.
Además de que han envejecido por la carencia de novedosos programas que contribuyan a su innovación, también han dejado de cumplir con el rol para el que fueron concebidas.
En este aspecto deben ser sometidas a una profilaxis en todas sus estructuras que conlleve un verdadero programa de reingeniería o sencillamente cerradas, con la agravante de que cientos de personas dejarán de percibir un salario con el que sostienen sus familias.
En el umbral de la puerta de mi hogar, decenas de veces me pregunto para qué existe la denominada Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), cuando realmente este grupo de empresas que constituían este organismo hace muchísimos años que solo existe en el nombre, y sus empresas en cada gobierno de turno han sido repartidas como botín de guerra.
Lo mismo pasa con el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), creado en los 12 años del fenecido Joaquín Balaguer con el propósito de que contribuyera a regular los precios, también hacerle frente al agiotismo y la especulación de algunos productos de la llamada canasta familiar.
Es decir, cuando por alguna causa un producto encarecía, ahí entraba en función el Inespre como organismo auxiliar de las amas de casa, supliendo el mercado de los comestibles encarecidos.
Pero con los años esta institución, por causas que no vamos a entrar en detalles ahora, dejó de cumplir con su rol y llegó al extremo de que muchos de sus productos destinados a equilibrar los precios en el mercado, se dejaban dañar en los silos.
Sin embargo hoy, el Inespre que no cumple ninguna función, sigue económicamente sangrando el Estado con una nómina supernumeraria y algunos de sus funcionarios con sueldos lujosos.
Igual pasa con el conocido Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, mejor conocido como (Idiaf), su incumbente lleva unos 16 años al frente de esta institución que con el paso del tiempo se ha quedado atrás con la investigación y ni siquiera sus ejecutivos tienen perspectivas de autocriticarse, hacer una reingeniería o relanzarse como organismo investigativo agropecuario.
En el Idiaf es lamentable, pero nunca hay de nada para suplir al agricultor dominicano.
Otra institución anacrónica es la Dirección Nacional de Registro de Títulos, que pese a que hace unos meses se creó una ventanilla especial para agilizar la expedición de títulos y deslinde de propiedades, se caracteriza por el gran cúmulo de papeles que por el tiempo que llevan en trámites para su conocimiento y legalización están llenos de polvillos y polillas.
Y pese a que esta unidad ha sido automatizada no se adecúa a la agilización a tiempo de los expedientes que se les entregan para su debida legalización.
De la Dirección de Registro de Títulos, aunque no es así, siempre el ciudadano tiene la duda y la desconfianza de su “modus operandi”.
Y de la Compañía de Seguros San Rafael ni hablar, realmente no sabemos en qué lugar del limbo y del espacio sideral está.
