La fiscal es quizás la más urgente y necesaria de las reformas de política económica. Pero estimo equivocado justificarla diciendo sólo que el gobierno necesita aumentar la recaudación por baja presión impositiva o para disponer de más recursos.

El objeto de una reforma debe ser garantizar el crecimiento estable y que cada ciudadano económicamente activo contribuya una cuota justa de sus ingresos para recibir a cambio los servicios públicos imprescindibles, incluidos los subsidios sociales puntuales y focales a los más necesitados.

Abundan temores en estos días, como manifiesta ADOZONA, para preservar el régimen de zonas francas industriales, o la Asociación de Industrias, para poner fin al “cortoplacismo” y pactar dentro del Consejo Económico y Social como manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Otros gremios ejercen naturalmente su propio “aminoplismo”.

El gobierno deberá decidir ejerciendo su autoridad pues será imposible lograr consenso, aunque sí posiblemente pactos o acuerdos. Ojalá las autoridades no atosiguen más a la clase media y que la reforma realmente logre estimular más inversiones y negocios exitosos.