Ambientalista respalda decreto contra el “terrorismo medioambiental”, pero piden que se traduzca en condenas
SANTO DOMINGO. — El Decreto 615-26, emitido por el presidente Luis Abinader, declara de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al llamado “terrorismo medioambiental”, con énfasis en la protección de parques nacionales, cuencas hidrográficas, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos.
La disposición establece una mayor coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad, investigación y protección de los recursos naturales para enfrentar las agresiones consideradas graves contra el medio ambiente.
Para el ambientalista Nelson Bautista, el decreto representa una señal positiva, pero su verdadero valor dependerá de que se traduzca en acciones judiciales y consecuencias efectivas.
“Nosotros aspiramos a que en lo adelante… este verbo se convierta en carne”, afirmó Bautista al referirse a la necesidad de que la disposición produzca resultados concretos.
El ambientalista defendió además el uso del término “terrorismo ambiental” para las agresiones más graves contra los recursos naturales.
“Cuando alguien atenta contra el recurso agua, que es vital, ¿qué otro calificativo tú le puedes poner que no sea terrorismo?”, planteó durante una entrevista en el programa radial "Esto No Tiene Nombre".
Sin embargo, advirtió que no toda infracción ambiental debe recibir automáticamente esa clasificación. Consideró necesario establecer criterios claros para evitar los llamados “falsos positivos” y garantizar que la persecución alcance a quienes ordenan, financian o se benefician de las actividades ilegales.
Bautista cuestionó que, en muchos casos, las investigaciones terminen señalando al trabajador o al conductor que ejecuta la acción, mientras los responsables de mayor nivel quedan fuera del proceso.
“Necesitamos como país que el régimen de consecuencia se aplique sin falsos positivos, sin que sea siempre el eslabón más débil de la cadena el que termine pagando”, sostuvo.
El Gobierno ha defendido el decreto como una respuesta ante la gravedad de delitos que afectan áreas protegidas y recursos estratégicos. La nueva disposición se apoya, entre otras normas, en las disposiciones del nuevo Código Penal sobre delitos ambientales.
Para Bautista, la prueba definitiva estará en los resultados: investigaciones que lleguen hasta los verdaderos responsables, procesos judiciales sólidos y condenas cuando corresponda.
El decreto ya está vigente.
Ahora la expectativa está en si el “terrorismo medioambiental” dejará de ser una denominación y se convertirá en consecuencias reales para quienes destruyan los recursos naturales del país.
Sobre el autor
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en la fe que transforma.
