El exmandatario, de 69 años y mentor político del actual presidente, Iván Duque, es acusado de fraude procesal y soborno.
La jueza Carmen Helena Ortiz denegó la solicitud de archivar el caso en contra del expresidente de Colombia Álvaro Uribe, en una audiencia de más de 12 horas que fue transmitida en vivo.
La solicitud había sido presentada por la Fiscalía General de la Nación en marzo de 2021, apelando a ausencia de delito en las conductas de las que se acusa al exmandatario.
«Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno a la actuación penal», dijo la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá durante la audiencia.
Y agregó que «el despacho rechaza la petición de preclusión de investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal».
Esa decisión podrá ser apelada por la defensa de Uribe ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tomaría la decisión final.
Esto en medio de un proceso que se ha dilatado por años y justo antes de las siguientes elecciones presidenciales en las que la derecha, a la que pertenece Uribe, se juega su permanencia en el poder.
Un proceso polémico y sorpresivo
El proceso en contra de Álvaro Uribe ha sido sorpresivo, no solo porque se trata del expresidente más popular en la historia reciente de Colombia (senador y presidente por dos periodos entre 2002 y 2010), sino podría ser un juez, y no una alta corte, quien determine si Uribe es inocente o culpable, a pesar de que la misma Fiscalía esperaba no llegar a esa instancia.
El caso, que empezó en la Corte Suprema de Justicia, pasó a la Fiscalía en 2020 cuando Uribe, después de haber sido detenido en prisión domiciliaria, renunció a su escaño como senador, perdió su condición de aforado y recuperó su libertad.
Esa movida fue interpretada por los detractores de Uribe como una maniobra para que su caso se trasladara a un ente en el que su partido, actualmente en el poder, pudiera influir.
El expresidente, por su parte, ha dicho que se enfrenta a una persecución política y que renunció porque no contaba con garantías en la Corte.
¿De qué se acusa a Uribe?
Todo empezó en septiembre de 2014, cuando, durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes.
Para apoyar su acusaciones presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.
Concretamente, señalaba a Uribe de haber fundado, junto a su hermano Santiago, el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo armado que enfrentó a las guerrillas durante décadas de manera sanguinaria y que dejó miles de civiles muertos.
En respuesta al debate en el Senado, el exmandatario demandó ante la Corte Suprema de Justicia a Cepeda, al que acusó de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra.
La Corte Suprema investigó el caso durante varios años, en los que declararon tanto Uribe como Cepeda, así como todos los testigos implicados.
En 2018, la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y, sorpresivamente, abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal.
El caso cuenta con 42 testigos, muchos de ellos exparamilitares que se encuentran en prisión. Uno de los principales es Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una condena de 40 años en una cárcel de Bogotá.
Monsalve fue uno de los testigos que utilizó el senador Cepeda para sustentar sus acusaciones contra Uribe.
Testificó que en una hacienda de propiedad de la familia del expresidente en Antioquia se planificaron unas matanzas que luego fueron ejecutadas por estos grupos al margen de la ley.
Sin embargo, Monsalve posteriormente escribió una carta en la que se retractaba de estas afirmaciones, aunque después dijo que su cambio de postura fue adoptado «bajo presión».
Y aquí entra otro de los personajes claves del caso: Diego Cadena, uno de los abogados de Uribe. Tanto Monsalve como otros testigos aseguran que Cadena los presionó o pagó para modificar sus testimonios.
De hecho, Monsalve asegura tener una grabación del momento en que el abogado de Uribe lo presionó.
Varios testigos han asegurado haber recibido dinero por parte de Cadena. El abogado ha reconocido haber entregado pequeñas ayudas en dinero a algunos de los presos como «ayuda humanitaria».
