Luis Almagro, secretario general de la OEA.
Madrid.- El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el expresidente del Gobierno español Felipe González pidieron hoy el apoyo internacional a Juan Guaidó, al considerar que Nicolás Maduro no tiene legitimidad como presidente, y rechazaron una hipotética intervención de EEUU en Venezuela.
González llegó a calificar a Maduro de “pelele” que se sostiene únicamente por “las bayonetas”, en el debate “Estado de Derecho y Derechos Humanos en las Américas”, en el marco del Congreso Mundial de Derecho que hoy comenzó en Madrid, y en el que se advirtió del peligro del auge de los populismos en Latinoamérica.
La discusión se centró en Venezuela, el país americano que atraviesa actualmente la crisis política y de derechos humanos más grave del continente, aunque también hubo menciones a Nicaragua, Cuba o los populismos en el poder en Brasil y Estados Unidos.
El uruguayo Almagro, conocido por su posicionamiento en contra de Maduro, urgió a que la comunidad internacional respalde al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, porque supone “la oportunidad de una solución pacífica” en ese país.
“Cuanto más fuerte hagamos al presidente encargado, mayores serán las oportunidades de devolver los derechos al pueblo venezolano”, afirmó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“El régimen de (Nicolás) Maduro es un ejemplo máximo de burla al Estado de Derecho”, agregó Almagro, en referencia al gobierno venezolano.
El máximo responsable de la OEA añadió que el deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela y Nicaragua es tan profundo que es “imposible” revertirlo sin crisis políticas.
Almagro reconoció que durante un tiempo en América no se prestó la atención necesaria a ese proceso de deterioro democrático en Venezuela, ya que el desmantelamiento del Estado de Derecho se produjo “poco a poco”, ya desde la época de Hugo Chávez. Por ello, pidió controlar esos procesos “desde el principio” en América.
También consideró que hace falta preguntarse “si nuestras sociedades tienen capacidad de respuesta” a los intentos de desmantelamiento de los frenos y equilibrios del poder. Felipe González también pidió un “apoyo claro” de la comunidad internacional a Guaidó.
El veterano político socialista español recalcó que desde exterior “hay que intentar apretar al máximo la salida de Maduro”, a quien calificó como “pelele” sostenido por “las bayonetas” de los militares, que son, según él, su único poder.
González insistió en que en Venezuela hay una “dictadura” al frente está “un tirano”, que utiliza el poder “de manera destructiva».
Sin embargo, ni Almagro ni Maduro se mostraron partidarios de un golpe militar o de una intervención estadounidense, apostando ambos por una acción política y pacífica, ayudando desde el exterior con la presión diplomática.
Hace falta “un proceso de transición democrática, al que tenemos que fortalecer”, recalcó el responsable de la OEA, quien advirtió de que esa organización seguirá vigilante sobre la calidad democrática del proceso.
“No vamos a comprar en la OEA cualquier cosa”, afirmó. Acerca de EEUU, González dijo que ese país “ya cubrió todos los cupos de intervenciones militares en América Latina en el siglo XX» y advirtió de que “la sobreactuación” de Washington “siempre es recibida con resquemor” en la región.
También hubo una llamada de atención contra los populismos y las fórmulas políticas basadas en la confrontación. Almagro recordó como su posible origen a que en Latinoamérica están “probablemente las sociedades más desiguales del mundo».
José Miguel Vivanco, responsable para América de Human Rights Watch, advirtió en el mismo debate contra los políticos populistas “que empiezan como demócratas” y luego acaban “demonizando” a las minorías o a los que disienten de sus políticas llenas de “opciones falsas».
Vivanco citó como ejemplos al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y al estadounidense, Donald Trump, si bien no dejó de incluir a Maduro o al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega. Comienzan “como demócratas” y llevan a cabo “una estrategia” de demolición de derechos democráticos, recalcó.
