En la imagen, el director del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ), Walter Espinoza. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo
San José.- Las autoridades judiciales de Costa Rica llevan a cabo este lunes 57 allanamientos que incluyen una oficina de la Casa Presidencial y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por un caso de aparente corrupción relacionado con fondos públicos para la infraestructura.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, explicó a los periodistas que la investigación comenzó hace dos años y que las diligencias de hoy tienen como fin obtener pruebas y detener a 19 funcionarios públicos y 14 de 5 empresas privadas que habrían conformado una red de corrupción.
Hasta el momento han sido detenidas 16 personas por este caso de corrupción en la función pública, faltas al deber de probidad, tráfico de influencias, peculado, cohecho y eventual malversación de fondos en la construcción y mantenimiento de infraestructura vial.
«Un grupo de empresarios o empresas con intereses muy fuertes y que además tienen posibilidades amplias de actuación se acercan a los funcionarios públicos, les ofrecen dádivas, regalías, afectan la probidad de las personas, y también afectan la normalidad de los negocios y provocan encarecimiento de las obras, lo que afecta al país», declaró Espinoza.
Los 57 allanamientos se realizan en diversas zonas del país e involucran una oficina de asesoría de infraestructura situada en la Casa Presidencial, diversas oficinas en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el estatal Consejo Nacional de Vialidad, así como casas y empresas privadas, cuyos nombres no han sido divulgados.
«Lo funcionarios recibían sobornos y favores constantes que se mantuvieron en el tiempo, y que respondían a una articulación planificada desde un punto de vista delictivo que les permitía obtener dinero, vehículos, terrenos, viajes y favores sexuales», manifestó el director del OIJ.
Espinoza indicó que la investigación determinó que los involucrados «se habían puesto de acuerdo para beneficiar empresas, generar pagos irregulares y pagos adelantados de facturas».
El director del OIJ detalló que este es el primer caso grande que lleva adelante una nueva sección anticorrupción del organismo y que la investigación permitió que los agentes «ingresar al ámbito intimo de las relaciones ilegales, conocer la actividad de las empresas, cómo se ponían de acuerdo con funcionarios y cómo se trasegaban los favores».
