SANTO DOMINGO.- El allanamiento realizado en una armería de la avenida Francia, que dejó detenido a uno de sus propietarios, formaba parte de una operación mucho mayor desplegada por el Ministerio Público contra negocios dedicados a la venta de armas de fuego que operaban de manera irregular.
La Procuraduría informó este miércoles que se trató de la Operación Armum, mediante la cual fueron allanadas 18 armerías en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante los operativos fueron ocupadas aproximadamente 200 armas de fuego y 40,000 municiones, muchas de estas últimas sin marcaje, según informó el Ministerio Público.
Las autoridades indicaron que entre las armas ocupadas había pistolas, revólveres y armas largas, además de armas de guerra y de uso prohibido en el país.
También fueron incautadas miras telescópicas, miras láser, adaptadores, cargadores tipo tambor y armas modificadas o alteradas.
¿Qué encontraron las autoridades?
De acuerdo con el Ministerio Público, durante los allanamientos se detectaron negocios que operaban sin licencia o con permisos vencidos, además de establecimientos que realizaban trabajos de taller sin autorización.
También se identificó la intermediación para comercializar armas sin licencia y la retención de armas de fuego pertenecientes a terceros.
Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la cantidad de municiones sin marcaje. La Procuraduría señaló que esta condición evidencia, a su juicio, que fueron introducidas ilegalmente al territorio dominicano.
Las autoridades también ocuparon pertrechos pertenecientes a agencias de investigación del Estado que, según indicaron, estaban en poder de particulares sin los permisos correspondientes.
Propietarios fueron detenidos
Como resultado de los hallazgos, fueron arrestados en flagrante delito propietarios o representantes de las armerías intervenidas, informó el Ministerio Público.
Los detenidos serán presentados ante la Oficina de Atención Permanente, donde la Procuraduría adelantó que solicitará medidas de coerción.
La investigación estuvo a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, que dirige la procuradora de corte Maura Martínez, junto a organismos del Ministerio de Defensa, Interior y Policía y la Policía Nacional.
La operación forma parte de las acciones oficiales para reforzar el control sobre las armas de fuego y sus pertrechos en el país.
El caso continúa bajo investigación mientras el Ministerio Público profundiza las pesquisas para determinar el origen y destino de las armas y municiones ocupadas.