El febrero de 2020, Danilo Medina promulgó la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas para regular, desde inicio hasta extinción, proyectos en que agentes públicos y privados contratan negocios de interés social con ambas partes compartiendo inversión, riesgos y beneficios.

A cargo está una dirección general, la DGAPP, subordinada al Ministerio de la Presidencia. Ayer el Banco Mundial tuiteó: “¿sabías que las alianzas público-privadas pueden ser una herramienta clave para mejorar la educación en países en desarrollo?”.

Lamenté que algunas propuestas llevadas a la DGAPP son rarezas; una, sin consultarla, dañaría la empresa estatal más eficiente y exitosa. Entonces tuve un momento “¡Eureka!”.

Si con la mitad del dinero mal gastado (por no decir robado) del Ministerio de Educación, 4 % anual del PIB desde 2012, se hubiese pagado matrícula y demás gastos para que escuelas privadas eduquen a niños condenados a escuelas públicas y liceos, no habría tanto vergonzoso atraso en la instrucción pública.

Una magnífica alianza público-privada incentivaría la excelencia educativa en bien de los niños sin destrezas y conocimientos indispensables. Todos saldríamos ganando, excepto los malandros.