Washington.- Algunos republicanos en el Congreso de Estados Unidos rechazaron el decreto antiinmigración firmado por Donald Trump, pero algunos funcionarios del presidente insistieron en que representa un pequeño precio a pagar a cambio de mantener segura a la nación.

El senador Rob Portman, republicano por Ohio, dijo el domingo que sería mejor que el nuevo presidente “desacelerara” y trabajara con los legisladores en una forma mejor de reforzar la forma en que se elige a los extranjeros que ingresan a Estados Unidos.

Portman dijo que todo el mundo debería “dar un respiro profundo y encontrar una solución sensata para nuestra seguridad nacional”, sin dejar de reflejar el hecho de que “Estados Unidos siempre ha sido un hogar acogedor para los refugiados y los inmigrantes”.

Dijo que Estados Unidos es un “faro de esperanza y oportunidad para el resto del mundo” y que debería permanecer así. comentarios se produjeron la mañana después de que una jueza federal emitiera una orden de emergencia que impide temporalmente a los agentes de Estados Unidos deportar a personas procedentes de siete naciones vetadas por la orden de Trump, todas ellas de mayoría musulmana.

La jueza dijo que aquellos viajeros que fueron arrestados tienen un argumento potente para denunciar que sus derechos legales fueron violados.

Una alta asesora de Trump dijo que la orden de emergencia interpuesta por la jueza “realmente no afecta” sus intentos para impedir temporalmente la entrada a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países predominantemente musulmanes.

Kellyanne Conway dijo al programa dominical “Fox News Sunday” que la orden de emergencia emitida por una juez federal, que prohíbe temporalmente que Estados Unidos deporte a personas de las naciones sujetas a la prohibición de Trump, “realmente no afecta la orden ejecutiva”.

Según Conway, la orden de Trump es “prevenir, no detener” y aseguró que solo un porcentaje muy pequeño de viajeros se ha visto afectado.

Conway opinó que eso es un “pequeño precio a pagar” para mantener la seguridad del pueblo estadounidense. El Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado a primera hora del domingo explicando que el fallo no afectará la puesta en marcha de la orden de la Casa Blanca y que ésta afectó solo a un pequeño número de viajeros, que se vieron incomodados por trámites de seguridad a su regreso a Estados Unidos.

Los asistentes de Trump insisten en que la orden de la jueza tiene poco impacto. La orden de emergencia fue emitida el sábado en la noche por la jueza federal de distrito Ann Donnelly en Nueva York, después de que abogados de la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense por los Derechos Individuales, ACLU por sus siglas en inglés) presentaran una petición en nombre de ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana que fueron detenidos en aeropuertos de todo el país coincidiendo con la entrada en vigor de la orden ejecutiva de Trump.

La orden de la jueza prohibió a los agentes fronterizos de Estados Unidos detener a cualquiera que llegue al país con un visado válido de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen. Además, cubre a cualquier persona con una solicitud de refugiado aprobada.

No estuvo claro cuán rápido afectará la orden judicial a quienes están ya detenidos o si permitirá que otros vuelvan a volar.

Según Seguridad Nacional, el mandato judicial no tendría ningún efecto en la acción ejecutiva en su totalidad. “Las órdenes ejecutivas del presidente Trump siguen vigentes: los viajes prohibidos seguirán prohibidos y el gobierno de Estados Unidos conservará su derecho a revocar los visados en cualquier momento si es necesario para la seguridad nacional o pública”, explicó el departamento en su comunicado.

Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, dijo: “Nada en la orden de la juez de Brooklyn impide o evita de ninguna forma la implementación de la orden ejecutiva del presidente, que sigue en pleno, completo y total efecto”.

Según la norma de Trump, parecía que un número incalculable de residentes estadounidenses nacidos en el extranjero que están de viaje fuera del país podrían quedar atrapados en el extranjero durante al menos 90 días aunque tengan tarjetas verdes de residencia permanente u otras visas.

Sin embargo, un funcionario de Seguridad Nacional dijo el sábado en la noche que no se impidió la entrada a Estados Unidos a ningún titular de tarjeta verde de los siete países citados en la orden.

Algunos extranjeros que pudieron embarcar antes de que la orden fuera firmada el viernes, fueron detenidos en aeropuertos estadounidenses.

El funcionario de Seguridad Nacional que informó a los reporteros por teléfono dijo que 109 viajeros en tránsito vieron rechazada su solicitud de entrada al país, y a 173 no se les permitió subir a sus vuelos en el extranjero.

La decisión de Trump provocó protestas en varios de los aeropuertos internacionales del país, incluyendo en el Kennedy de Nueva York, en el O’Hare de Chicago y en Minneapolis y Dallas-Fort Worth.

En San Francisco, cientos bloquearon la carretera en el exterior de la terminal de llegadas internacionales. Docenas de personas que se manifestaron en el aeropuerto de Portland, Oregón, interrumpieron brevemente el servicio de metro ligero mientras portaban carteles que decían “El café de Portland es de Yemen” y coreaban eslóganes contra Trump.

Legisladores y funcionarios estadounidenses en todo el mundo también criticaron la medida.