Santo Domingo.-El presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de Cine de República Dominicana (Adocine), Alfonso Rodríguez, defendió ayer los incentivos que confiere la Ley de Cine a la industria cinematrográfico criolla y dijo que esa área ha creado más de 2,300 empleos.
El productor dominicano dijo que esa industria también ha beneficiado a más de 11,500 familias relacionadas directamente con la empleomanía contratada.
“Esto es un período económico en que la tónica del Gobierno se ha caracterizado por promover el empleo y eliminar los gastos superfluos de la administración estatal”, indicó Rodríguez.
Al visitar la redacción del periódico EL DÍA para explicar lo que el Estado ha dejado de percibir para destinarlo a películas criollas, el productor dijo que han sido 477 millones de pesos, de los que 133 millones van a los impuestos.
Explicó que aunque se hayan autorizado permisos por RD$ 1, 504 millones, eso no implica que se hayan ejecutado, porque algunas de esas producciones terminan no realizándose.
Explicó que el Estado aporta incentivos fiscales a los inversionistas en películas dominicanas en base a las recomendaciones y resoluciones del Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana (Cipac).
El cine es rentable
Rodríguez entiende que la industria del cine es rentable, y que las películas dominicanas venden tres veces más taquillas que las producciones extranjeras, generando más de mil millones de pesos por año.
Dijo que la DGCine ha sido concebida como organismos de control regulatorio de un sector económico pujante que genera empleos y devuelve de manera racional al Estado por la vía impositiva y de negocios interconexos.
Rodríguez habló luego de que EL DÍA publicara un listado con los presupuestos autorizados a las producciones dominicanas, en donde reflejó que el Estado se ha desprendido de 1,504 millones 125 mil 592 pesos en un solo año para financiar la producción de películas dominicanas.
La DGCine
Precisó que en el caso de la DGCine, en virtud de su laxa semi autonomía descentralizada por la vía del decreto, los recursos provenientes de los contribuyentes se manejan al antojo de un director general.
Indicó “que hasta hace muy poco, éste no rendía informes sobre sus ejecuciones presupuestales a su consejo de directores”.
Preció que el Gobierno apenas ha dejado de percibir unos 344 millones de pesos de una industria que ha creado 2,300 empleos y si eso está mal “que nos lancen la primera piedra”.
