Santo Domingo.- Alexis Medina Sánchez y los demás acusados de corrupción del caso Pulpo podrían enfrentar condenas de 10 a 20 años de prisión de ser declarados culpables, dijo hoy el abogado Francisco «Pancho» Álvarez.
Álvarez explicó que tanto Alexis, como los demás imputados, habrían incurrido en los delitos de asociación de malhechores, estafa al Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero envió ayer a juicio de fondo tanto a Alexis y a Carmen Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina, y a otros 19 acusados de corrupción del caso Pulpo.
El jurista explicó que con la decisión emitida por el juez Peguero la sociedad puede «pensar con calma», que cuando se variaron las medidas de coerción, no significaba que se afectaría el proceso.
“Un día en prisión domiciliaria equivale a un día de cárcel, si el proceso dura cinco años, por ejemplo y ellos son condenado a ese tiempo ya es prisión cumplida”, dijo el abogado penalista entrevistado en el Programa El Día, que se trasmite por Telesistema Canal 11.
Recordó que lo importante es que se conozca el fondo del caso y haya una decisión basado en las pruebas y aquellos que sean responsables sean condenados.
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Condena a Pagán
Con relacion a la condena del el extitular de la Oficina Supervisora de las Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, el jurista dijo que en este caso el Ministerio Público utilizó todas las armas que le permite el Código Procesal Penal.
Explicó el criterio de oportunidad y los dos penales abreviados significan que los imputados admitieron la culpabilidad mediante un acuerdo.
El también excoordinador de Participación Ciudadana, manifestó que la decisión del magistrado de enviar a juicio de fondo tanto a Alexis y a Carmen Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina, y a otros 19 acusados de corrupción, es un avance en materia de justicia para el país.
“Probablemente nunca sepamos en detalles la información que suministró porque forma parte del proceso confidencial”, manifestó Álvarez.
Francisco Pagán, y Julián Suriel Suazo, fueron condenados a cinco años de cárcel, mediante un proceso penal abreviado.
Pagán cumplirá la sentencia bajo la modalidad de dos años y un mes privado de libertad, que fue cumplido en el tiempo que estuvo en la cárcel de Najayo, mientras que los dos años y once meses restantes permanecerán bajo arresto domiciliario.
A Suazo le suspendió tres años de cárcel y deberá cumplir con los puntos acordados con el Ministerio Público. Asimismo, ordena notificar al juez de la Ejecución de la Pena, ya que esa sentencia se vuelve definitiva.
También arribaron a un acuerdo los imputados Domingo Antonio Santiago Muñoz y Lewin Ariel Castillo. Con relación al imputado Muñoz, fue mediante el criterio de oportunidad, quedando a disposición del Ministerio Público. Por esta razón no se le impuso condena.
El abogado dijo que la sentencia emitida ayer por el magistrado Peguero derrotó en el plano judicial la jurisprudencia de la corrupción, que se creía “que si quieres probar un delito de fondos públicos solo se podía realizar con una auditoria de la Cámara de Cuentas”.
Sobre el estado
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero reconoció como querellante como actor civil al Estado, por ser víctima de los hechos punibles que se les atribuyen a las personas enviadas a juicio.
Dijo que en el juicio de fondo los abogados designados por estado dominicano actuaran con miras a que el mismo sea indemnizado.
Explicó además que en este proceso hay 60 inmuebles secuestrados, 67 vehículos, 553 millones de pesos en bancos embragados y un millón 400 95 mil dólares todos esos activos seleccionados que no se pueden tocar y que serán sujeto de decomiso.
Etiqueta Pulpo
El juez ordenó al Ministerio Público eliminar la etiqueta o sobrenombre “Pulpo” con la cual denominó la investigación de la red supuestamente liderada por Alexis Medina Sánchez, por considerar que viola derechos fundamentales de los 47 imputados que incluye 25 personas y 22 empresas.
Manifestó que las etiquetas y sobrenombres se admiten cuando se está en plena investigación, pero no cuando el caso está judicializado.