SANTO DOMINGO.- Alegando que el pago de reinscripción forma parte del costo del año escolar y es la partida donde el padre se compromete y valida la vuelta del estudiante para el próximo período de clases, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) deploró el proyecto aprobado por el Senado que prohíbe a estas entidades esos cobros o aumentos de tarifas.
Jorge Luis Peláez, presidente de (AINEP), lamentó la decisión y ver cómo a su entender los legisladores someten y aprueban leyes que a su juicio van en detrimento de un sector tan importante para el país como el que representa.
“El servicio contratado por los padres en los centros educativos privados es por un año, eso es lo primero que deben entender y es por lo que los padres tienen toda la libertad de mover sus hijos de centro cuando así lo entiendan, esto sin ningún compromiso, más que el pago de ese año escolar, donde la partida llamada inscripción es parte del mismo”, puntualizó Peláez.
En cambio, el senador Héctor Acosta (El Torito), de la provincia Monseñor Nouel, quien sometió la pieza, justificó la prohibición argumentando que la pandemia del Covid-19 ha generado una crisis económica que impacta en las finanzas de las familias.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara Alta tiene vigencia solo por el próximo año escolar 2021-2022, además de prohibir la reinscripción establece mantener invariable la mensualidad o anualidad como forma de evitar que el primer monto sea prorrateado de manera disfrazada por parte de los colegios privados y debe aplicarse en todos los centros educativos privados del país y niveles académicos.
El representante de AINEP, dijo que no es un costo que pueda ser eliminado, sin que esto conlleve una disminución de los ingresos del centro y, lo único que se lograría es que deberá ser compensado posiblemente al reducir en igual proporción el servicio brindado. Es por lo que al final va en detrimento de los estudiantes y de las familias.
“Debemos también preguntarnos: ¿esto realmente procede?… si nos amparamos en la libre empresa y el principio de que es opcional de los padres optar por el centro que decida”, planteó Peláez.
Añadió que esto incluye estar de acuerdo a pagar el costo que representa, dependiendo de la calidad del servicio educativo que recibe y va a recibir.
Vigilar 4%
De ahí que los legisladores realmente por lo que deberían preocuparse es asegurar mediante legislaciones coherentes y no populistas el uso correcto del 4% invertido por el Estado y que de esta manera se pueda recibir la educación de manera gratuita y de calidad.
Cuestionó si los legisladores que promueven esas leyes tienen sus hijos o nietos en las escuelas públicas o están legislando para su beneficio y de manera demagoga, ya que son aspectos importantes a reflexionar, porque no deberían ser juez y parte.
“El derecho a la educación al igual que la salud son derechos constitucionales, pero es el deber de Estado proveerlos, no legislar para que los que los ofrecen de manera privada les sea coartado el derecho a la libre empresa y se quiera controlar los costos de estas instituciones, lo cual está directamente relacionado con la calidad del servicio que ofrecen”, dijo.
Igualmente, quisiera señalar que recibir educación privada es una decisión libre, voluntaria y particular de los padres y deben igual asumir el compromiso de los costos anuales que representa y distribuidos de acuerdo a la característica del centro que ellos eligen.
