Familiares Richardson Sabá Núñez miembro de la Autoridadad Metropolitana de Transporte sometido a la justicia por supuesto maltrato fisico a la Fizcal Soureliz Jàzquez, piden se investigue el caso. Foto: Elieser Tapia.
Santo Domingo.-El agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), Richardson Sabá Núñez, envuelto en un conflicto por presunta agresión al intentar multar a una fiscal, tiene alrededor de tres años perteneciendo a esa institución.
Sus padres, quienes han calificado de injusta la prisión preventiva de un mes, afirman que el joven de 23 años era el soporte de sus dos hijos, uno de 1 año y otro de tan solo un mes de nacido, y que además su esposa no tiene empleo.
“No es porque yo sea su madre, pero conociéndolo yo, sé que él no cometió esa imprudencia.
Él solo cumplió con su deber y ella actuó de forma violenta”, afirmó su madre Tomasa Núñez.
Sin embargo, la fiscal Sourellys Jáquez, perteneciente al departamento de Antilavado, sostiene que fue golpeada.
La magistrada lleva varios casos ligados al narcotráfico, entre ellos el de los Hermanos Buitrago.
El agente de la Amet es un joven de escasos recursos que reside junto a su esposa e hijos en el barrio Cruz Grande de Villa Mella. Su padre es director de una escuela de esa comunidad, en la que tienen más de 40 años residiendo, razón por la que los vecinos se han unido pidiendo la libertad de Sabá Núñez, quien pensaba estudiar Derecho.
“Conociendo la persona que es mi hijo entiendo que la fiscal cometió un exabrupto”, consideró su progenitor Eligio Sabá.
“En el celular se ve claro que ella le vuela encima para quitarle el celular”, estimó Sabá. El hecho ocurrió la pasada semana en una zona exclusiva del Distrito Nacional mientras el Amet, junto a un compañero, intentaba multar a la fiscal por estar mal estacionada.
Abogados critican medida
El Colegio de Abogados y varios juristas consultados calificaron como abusiva la medida de prisión preventiva contra Sabá Núñez, al indicar que este caso no lo amerita.
Miguel Surún, Félix Portes y Trajano Vidal Potentini coincidieron en que la decisión adoptada es injusta.
“Lo acontecido constituye un grosero abuso de poder en contra de un agente policial”, indicó Surún.
