Aunque exhibimos uno de los mejores índices de crecimiento de la región, el aparato productivo dominicano debe ser potenciado con recursos necesarios para producir los bienes y servicios que satisfagan tanto la demanda local como la externa.
La innovación, la tecnología y la gestión eficientes son requeridos para generar más y mejores empleos. Debemos elevar nuestra capacidad exportadora, canalizando recursos estatales hacia sectores económicos que aseguren nuestra sostenibilidad ambiental y que puedan generar divisas fuertes.
La inversión pública en infraestructura vial constituye un trabajo continuo de remoción, planeamiento y ejecución de las obras públicas.
Los gobernantes tienen que cumplir las metas de generación de proyectos positivos para la movilidad del ciudadano, como autopistas, puertos y un sistema nacional de transporte eficiente, pero sobre todo que se promueva en coordinación con las necesidades reales de cada ciudad, región o comunidad rural.
Los servicios públicos de energía, agua, salud, educación, cultura y deporte deben ser optimizados, de manera que el desarrollo sea más equitativo.
Es decir, haciendo más corta la brecha entre los que más tienen y los que viven en situación de pobreza; entre los considerados privilegiados sociales y los que más esperan políticas sociales efectivas y ascenso social a través del conocimiento y las oportunidades en una sociedad proclamada como un Estado social y democrático de derechos.
Para eso se debe promover una cultura del cambio en todas las instituciones públicas que ofrecen servicios a todos los dominicanos.
Esta agenda de cambio, avance y fortalecimiento democráticos debe contar con el apoyo de una matriz productiva robusta y diversa.
En ese sentido el gobierno debe hacer un verdadero análisis de los cambios operativos a considerar, que surjan de los datos, historias e información útiles y recabados por las agencias de monitoreo de políticas públicas.
Lo que sí queremos es la optimización continua de las políticas que afectan a todos los dominicanos y que las decisiones sean tomadas basadas en información suficiente y con el criterio fundamental de que el ciudadano debe estar en el centro de todas las acciones y políticas de gobierno. Se oye bonito, se trabaja por ello, pero no olvidemos que la pobreza mata, no espera.
