Matías Bosch
El modelo de seguridad social establecido en la República Dominicana empezó a discutirse en los años ochenta. En el período 1996-2000, el Poder Ejecutivo encaminó un proyecto de ley para reformar integralmente el Seguro Social. Esta iniciativa contó con los auspicios de la OIT.
Pero en el camino entró el sector financiero. Entre 2000 y 2001, con nuevo gobierno y Congreso, fue el momento de la ofensiva final. Promovieron y “convencieron” de las maravillas del modelo instaurado en Chile, convertido en receta y préstamos del Banco Mundial, entre otras agencias. Prometieron a todo el mundo “ser dueño de su dinero”, la famosa “libretica”.
Invitaron a “expertos” chilenos y colombianos para imponer el dogma de la administración privada y la capitalización individual, que permiten convertir las cotizaciones en ahorro financiero para disponer de ellas y obtener jugosas ganancias. A este acto de convertir las pensiones y la salud (que son derechos fundamentales) en mercancías para beneficio de grupos e intereses privados, le hemos llamado corrupción legalizada. Finalmente lograron instaurar la Ley 87-01.
Para completar este sistema de “seguridad social”, se creó una institucionalidad propia, copiado igualmente de Chile. En las conocidas superintendencias y en el CNSS, las AFP y las ARS tienen un Estado dentro del Estado, con lo cual prescinden de las molestias de la democracia.
Los resultados dicen quién ha sido el ganador: de 2004 a 2019 las AFP obtuvieron utilidades por casi 40,000 millones de pesos, sumados a 24,500 millones en “gastos operacionales”. Es decir, más de 64 mil millones de pesos en una estructura empresarial parasitaria, que beneficia principalmente a los cinco mayores grupos financieros del país, incluyendo -lamentable y vergonzosamente- al Banco de Reservas. En ese trayecto, la rentabilidad de las AFP ha llegado a picos del 56%, y en 2019 fue de 38.7%, mientras la rentabilidad de los fondos de los cotizantes apenas llegó al 5.4%.
Dinero que podría servir para pensiones, protección y progreso social, chupado sin dar un golpe. Lo “invierten” en un 77.5% en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, es decir lo transforman en deuda fiscal y cuasi fiscal que se paga con fondos públicos, o sea, con impuestos y más deuda.
Aunque la propia Ley 87-01 contempla que los recursos se coloquen prioritariamente en actividades que generen empleo y bienestar (industria, agropecuaria y viviendas), el contubernio entre cúpula financiera y clase política le otorga a la primera “inversiones” a riesgo cero (“El Estado no quiebra”), y la segunda (sea del partido que sea) sabe que habrá dinero fresco para un Estado deficitario y endeudado, precisamente porque su alianza con los grupos privilegiados le impide aumentar recaudaciones cobrando impuestos progresivos y proporcionales a la riqueza y las ganancias.
La estructura del saqueo se completa cuando sabemos que el 78.1% de los cotizantes tiene menos de 49 años y podrían estar financiando un sistema solidario, rentable y eficiente, en vez de ganancias parasitarias para los más ricos. Que el 72.4% gana como máximo dos salarios mínimos cotizables, que no tienen más de 80 cotizaciones, y que sus empleadores -que también cotizan- son en un 92% micro y pequeñas empresas.
La promesa de “cada uno es dueño de su dinero” se derrumba. Mientras las AFP engordan, el 80% de quienes cotizan probablemente nunca lleguen a una pensión por no cumplir con los requisitos. Como cada uno se pensionará con su “cuenta individual”, está destinado a poder comer o a la miseria según su lugar el escala económica y laboral…todo lo contrario a la esencia solidaria de la Seguridad Social.
La tasa de reemplazo sobre el salario promedio -que en América Latina es 64.2%- será del 22.8%. Dominicanos ganando 25 mil pesos y pensionándose con 5,800 pesos. Quienes hayan entrado con un día menos de 45 años, tendrán que trabajar hasta los 75 años, y si está desempleado, aunque haya cotizado no verá su pensión en un largo tiempo.
Asimismo, han rechazado el 31% de pensiones por discapacidad y el 60% de las pensiones por sobrevivencia. Todo esto en total tranquilidad, pues la institucionalidad que crearon a su medida produce resoluciones con requisitos, fórmulas de cálculo y tablas de edad con la finalidad de que sean las AFP quienes en los hechos retengan el dinero.
Para colmo, en febrero el Congreso Nacional aprobó una nueva comisión de cobro de las AFP. Con este esquema, sus ingresos ya no dependen de las inversiones sino de la cantidad de cotizantes, y si en 15 años las AFP se ganaron 39,768 millones, entre 2020 y 2029 (sólo 9 años) se ganarían 47 mil 748 millones. Y encima, en medio de la crisis y las necesidades por la pandemia, el Estado se acaba de endeudar por 40 mil millones más con las AFP.
Las AFP nos han hecho saber que ellas no discuten: logran lo que quieren y rápido. Las preguntas claves son: ¿Se expresará la sociedad dominicana, defendiendo y rescatando su derecho a una verdadera Seguridad Social? ¿Exigirá el fin de las AFP y las ARS, rechazando las migajas de políticos que ofrecen al pueblo pagar la crisis con sus propios fondos de pensiones? ¿Repudiará que la saqueen con más deuda? ¿Reivindicará el derecho fundamental a las pensiones y la salud dignas, a la protección decente en el desempleo y los riesgos laborales, sin miseria, sin negocios, sin abusos y sin corrupción?
*Matías Bosch Carcuro es director ejecutivo de la Fundación Juan Bosch. Es coator del libro: “Sistema de pensiones: de la estafa del siglo a un modelo justo e incluyente”.
