Matías Bosch
En nuestra columna anterior explicamos que el modelo previsional instaurado con la Ley 87-01, bajo la administración de las AFP, no cumple los parámetros básicos para llamarse sistema de pensiones.
Es una máquina de negación de derechos y de desigualdad, donde los ahorros de la clase trabajadora y empleadora se convierten en pensiones de miseria, mientras son fuente garantizada de ganancia rentista para las administradoras, poniendo el negocio por encima de la dignidad humana y la paz social.
¿Esto debió imponerse en República Dominicana? ¿Era una especie de mandato divino o verdad revelada, como sus profetas han asegurado, y que debería mantenerse hasta la eternidad? Se puede afirmar categóricamente que no, y que todos sus efectos nocivos y antisociales estaban previstos.
Para verificarlo se pueden citar algunos párrafos contundentes y preclaros de lo dicho por el exministro y exvicepresidente Rafael Alburquerque en los conversatorios organizados y publicados por el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE) muy a tiempo, en 1998. Citamos:
“Se incurre en una falacia cuando se oponen las bondades de la capitalización individual a los efectos perversos del sistema tradicional de reparto, pues si este último tiene sus problemas no es menos cierto que el primero puede ser muy perjudicial para los trabajadores de bajos ingresos y para las mujeres”.
“Tampoco es aceptable considerar que con el modelo de capitalización individual se incentiva el ahorro nacional y se promueve el desarrollo económico, pues esta premisa no es tan cierta en países con un mercado reducido de asegurados, como es el nuestro, amén de que los indicados efectos también pueden obtenerse con un modelo de capitalización colectiva en manos del Estado, con la ventaja de que no se pone en manos de un determinado y reducido sector económico el manejo de cuantiosos recursos y, por tanto, el poder de decidir, en función de sus intereses particulares, el futuro de millones de personas”.
“De igual manera, es un simple cuento de hadas divulgar la idea de que esta es una lucha entre la libre competencia y el monopolio estatal, pues la experiencia demuestra que en el modelo de capitalización individual el mercado termina siendo controlado por un duopolio o un oligopolio”.
Y remató Alburquerque: “Sea dicha la verdad monda y lironda, franca, abierta, atrevida: el debate al cual asistimos es el antagonismo entre los que creen y los que no creen en la seguridad social; entre los que intentan preservar la seguridad social y los que tratan de sepultarla; entre los que privilegian lo social y los que reducen el problema a lo puramente económico; entre los que entienden que la economía debe estar al servicio del hombre y los que piensan lo contrario; entre los que defienden la seguridad social real y verdadera, y los que buscan un negocio asegurado”.
Todo lo dicho por Alburquerque podía ser tomado por hipotético en 1998.
Hoy, a 21 años de la Ley No. 87-01, resultan hechos confirmados en República Dominicana y en el resto de los países donde esta receta se aplicó. Como colofón, sirvan los dichos del expresidente chileno Ricardo Lagos, en noviembre de 2016, cuando afirmó:
“Las AFP se preocupan más de las utilidades de sus propietarios que de las pensiones de sus afiliados. Es un sistema injusto y hay que cambiarlo. Los trabajadores y trabajadoras chilenos merecen un sistema de pensiones solidario y justo que reconozca el trabajo de toda una vida. Ni un peso más para las AFP. Participemos del debate y alcancemos amplios acuerdos para cambiar este sistema injusto”.
