Foto de archivo.
SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) depositó la mañana de este lunes una acción directa en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), contra la ordenanza 24-2017 y los artículos 109 y 105 de la Ley General de Educación relativos a la selección de Directores Regionales y Distritales.
La ADP informó que sus abogados Eduardo Jorge Prats, Rafael Santos, Antoliano Peralta y Margaret Santos depositaron la acción en el entendido de que tanto la ordenanza No. 24-2017 que reglamenta el sistema competitivo de selección de Directores Regionales y Distritales, de fecha 22 de noviembre de 2017, dictada por el Consejo Nacional de Educación, y los artículos 109 y 115 de la Ley No. 66-97 violan la Constitución.
Acusan al Ministro de Educación, Andrés Navarro, de usar la discrecionalidad en favor suyo al momento de designar a los Directores Regionales y Distritales, lo que entienden afecta la profesionalización y estabilidad de la carrera docente, consagrados en el artículo 63.5 de la Constitución”.
Los juristas afirman que la indicada Ordenanza 24-2017 no sólo viola la Ley 41-08 de la Función Pública, el Decreto 639-03 contentivo del Reglamento del Estatuto Docente, la Ley No. 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto Nacional de la Educación, sino que también las disposiciones sometidas a impugnación.
“Vulneran los derechos y principios constitucionales relativos a la favorabilidad, seguridad jurídica, razonabilidad, debido proceso administrativo, igualdad, buena administración pública y legalidad, lo cual perjudica sustancialmente la estabilidad de la carrera docente (artículo 63.5 de la Constitución), así como los derechos de la ADP, los docentes y, en consecuencia, de los educandos”, explica el comunicado.
En ese sentido, la representación legal de la ADP afirma que esta acción directa en inconstitucionalidad procura la salvaguarda, el fortalecimiento y afianzamiento de la carrera docente, en este caso, en favor de los funcionarios administrativos-docentes del sistema educativo dominicano, mediante una decisión del Tribunal Constitucional.
