ADP advierte que nuevo Código Penal podría criminalizar la disciplina escolar

Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó varios artículos del proyecto del nuevo Código Penal al considerar que, por la amplitud de algunos de sus términos, podrían criminalizar medidas disciplinarias, pedagógicas y correctivas que los docentes aplican en el ejercicio de sus funciones.

En una comunicación remitida a la Cámara de Diputados, el gremio afirmó que, aunque respalda el fortalecimiento de la protección de niños, niñas y adolescentes, la reforma penal debe preservar el equilibrio entre ese objetivo y el ejercicio de la función docente.

"Valoramos la necesidad de fortalecer la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, así como de garantizar espacios educativos seguros, libres de violencia y de cualquier forma de vulneración de derechos. Sin embargo, entendemos que toda reforma penal debe guardar un equilibrio entre la necesaria protección de la sociedad y el respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República Dominicana", señala la carta firmada por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, y el consultor jurídico nacional, John A. Bello.

La organización sostuvo que sus observaciones responden a que algunas disposiciones del proyecto "por la amplitud de algunos de sus términos o por la falta de precisión en su aplicación, podrían generar interpretaciones que afecten el ejercicio legítimo de la función docente, la actividad sindical y los derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, reunión y organización".

Entre las principales observaciones figura el artículo 121, relativo al hostigamiento e intimidación o bullying. La ADP consideró que expresiones como "asustar", "aislar" y la referencia al "ámbito educativo" deben ser precisadas para evitar que actuaciones propias de los docentes sean interpretadas como delitos.

"Se recomienda precisar el alcance de términos como 'asustar', 'aislar' y la referencia al 'ámbito educativo', a fin de evitar que medidas disciplinarias, pedagógicas o de protección adoptadas conforme a la Ley General de Educación núm. 66-97 sean interpretadas como conductas delictivas o de hostigamiento, intimidación o bullying", indica el documento.

Como propuesta, el gremio plantea que el Código Penal establezca expresamente que no constituirán delito las medidas disciplinarias, pedagógicas, correctivas o de protección adoptadas por docentes, directivos u orientadores de manera objetiva, razonable y conforme a la legislación educativa, siempre que no tengan como finalidad humillar, hostigar o causar daño al estudiante.

La ADP también pidió revisar el artículo 214, sobre abandono de niños, niñas y adolescentes, al considerar que equipara al maestro con los padres o tutores para efectos de la agravante penal.

"El deber de custodia del docente es funcional, temporal y está limitado al ejercicio de sus atribuciones legales", argumentó el sindicato, al proponer que la sanción agravada se reserve para los casos de "abandono deliberado o una negligencia gravísima que ponga en peligro la vida o la integridad del estudiante".

Asimismo, objetó el uso del término "presión" en otra de las disposiciones del proyecto, al entender que resulta demasiado amplio.

"Conforme al principio de legalidad consagrado en la Constitución, los tipos penales deben describir con claridad la conducta prohibida", sostuvo la ADP, que propuso sustituir esa expresión por "presión psicológica grave, ilegítima o abusiva" o definir con mayor precisión las conductas sancionables, excluyendo las actuaciones disciplinarias y pedagógicas legítimas.

El gremio aseguró que sus observaciones "no buscan crear privilegios para los docentes ni limitar la responsabilidad de quienes incurran en conductas contrarias a la ley", sino contribuir a "la construcción de una legislación más clara, justa y equilibrada, que permita diferenciar entre acciones delictivas y actuaciones propias del ejercicio de la labor educativa".