Trajano Vidal Potentini, presidente de la FJT.
Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) respaldó el proyecto de ley sometido al Senado de la República por el senador José Rafael Vargas, que procura quitarle competencia al Tribunal Superior Electoral para conocer las solicitudes de rectificaciones de las actas del estado civil.
La organización que es coordinada por Julio César de la Rosa Tiburcio explicó que en el actual esquema se hace imposible lograr los propósitos fundamentales de la justicia hacia los ciudadanos que son la accesibilidad, gratuidad y prontitud porque requieren del servicio de rectificación de actas del estado civil y tienen que depositar los expedientes en la junta municipal del lugar de procedencia del interesado y luego debe hacer las diligencias en la sede del TSE, lo que implica que el usuario tenga que trasladarse a Santo Domingo.
ADOCCO indicó que ante la ineficiencia demostrada por esa alta corte es lo que ha provocado enormes problemas a miles de ciudadanos que requieren de ese servicio para resolver errores que en la mayoría de los casos son mecanográficos y ortográficos en sus actas de nacimiento, matrimonio y defunción.
Es precisó mencionar los casos de prospectos del béisbol que por errores materiales en su documento de nacimiento se han visto impedidos de obtener un buena firma para pasar al profesionalismo, perdiendo el chance de resolver sus problemas y el de su familia por el tiempo que dura un caso en el TSE, llegando hasta a dos años lo que antes se podía resolver en 15 días”, agregó el vocero de ADOCCO.
«Deberá tomarse en cuenta ante una modificación a la constitución que ese tribunal desaparezca y que esas atribuciones la asuma una instancia conformada por jueces de cortes», que se conforme previo a los procesos electorales y de manera ocasional cuando haya que dirimir un litigio de partido político, evidentemente con la existencia de la ley de partidos políticos y procesos electorales, agregó.
Indicó que el TSE, no quiere soltar esa labor, porque sabe que eso significaría una reducción de su presupuesto, que además de cubrir los altos salarios de sus jueces, es en esa labor donde justifica su razón de existencia, ya que sus operaciones contenciosas son mínimas, por lo que de aprobarse como espera se apruebe el citado proyecto.
