German Marte 
Santo Domingo.-La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) dijo hoy que con el Pacto Eléctrico, cuya discusión inició el lunes pasado se procura básicamente la privatización de las aéreas del sector eléctrico que no fueron tocadas «por la nefasta ley de privatización» que despojó al Estado y al pueblo dominicano de un patrimonio invaluable.
Subrayó que la privatización, lejos de resolver el problema eléctrico lo que hizo fue agravarlo, pues los únicos beneficiarios han sido los generadores privados a los que se le han concedido privilegios que con el pacto quieren ensanchar.
Julio César de la Rosa, coordinador de ADOCCO, advirtió que las ambiciones de los privatizadores amparados en el anunciado e iniciado Pacto Eléctrico incluye las hidroeléctricas, las plantas de carbón que construye el Estado dominicano, y para las que ha incurrido en grandes prestamos en el exterior, las líneas de transmisión, el porcentaje que mantiene el Estado en las generadoras, así como las distribuidoras de energía que fueron recuperadas luego del fracaso en sus operaciones por los privatizadores de entonces.
“No es casualidad que parte del equipo del anunciado Pacto Eléctrico, sean los mismos que dirigieron el proceso de privatización de las empresas públicas como es el caso de Antonio Isa Conde, presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), quien representa sin reservas a los sectores que pretenden manejar las propiedades del Estado y pueblo dominicano, que con el infeliz argumento de lo que le representaba al gobierno disponer de subsidio se entregaron esos bienes y sin embargo hoy día se tienen que gastar más recursos y la falta de solución al problema eléctrico se acentúa, sin dejar de lado la corrupción que hubo alrededor del negocio”, dijo el vocero de ADOCCO.
Privatizar el agua
De acuerdo con ADOCCO, con el Pacto Eléctrico se pretende privatizar las hidroeléctricas, y será incluida la privatización del agua, para que los privatizadores ensanchen sus fortunas, lo que traería como consecuencia, la desaparición del Instituto Nacional de Agua Potable (INAPA), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Indrhi, la Empresa de Generación Hidráulica (EGEHID) y las corporaciones de acueductos del todo el país.
Contra los cabildos
ADOCCO también rechazó la propuesta del gobierno de arrebatar a los cabildos el derecho a cobrar el 3% que las distribuidoras de electricidad deben pagar por concepto de uso de suelo, específicamente por el paso del cableado por las diferentes calles del Distrito Nacional y los municipios, como establece el artículo 134 de la Ley de Electricidad 125-01 que también obliga a las empresas distribuidoras a suministrar el diseño, materiales, instalación y el mantenimiento del alumbrado público de cada municipio, además pagarles a los cabildos un tributo por el uso de ese espacio, equivalente al 3% de sus cobranzas ordinarias, asumiendo los cabildos la obligación de pagar a las Edes el monto de la energía consumida en su zona de concesión.
Julio César de la Rosa sostuvo además que en la propuesta de los promotores del Pacto Eléctrico del gobierno se evidencia un estrangulamiento municipal, ya que tal propuesta reduciría considerablemente los cerca de 120 millones de pesos que reciben los cabildos cada mes de parte de las Edes.
Esto, dijo, acompañado del incumplimiento de la asignación del 10% de presupuesto como establece la ley, tendrían muchos cabildos que cerrar sus puertas.
De la Rosa llamó al presidente Danilo Medina a replantear las negociaciones del pacto, para que los intereses del Estado y pueblo dominicano no se vean afectado como en el año 1997 con la capitalización de la empresa pública que en el fondo se trato de una privatización pura y simple.
