Cuando se habla de los retos que enfrenta el Estado de derecho se suele abordar el problema con un enfoque que prioriza el daño que producen la corrupción y la violencia.
Es indudable que estos fenómenos dificultan enormemente el correcto funcionamiento del ordenamiento jurídico, pero no son los únicos que lo lastran. Hay otras cosas, más sutiles, cuyo efecto acumulativo es demoledor para cualquier esfuerzo institucional.
Algunas se esconden en prácticas culturales cuyos peligros no percibimos.
El mal funcionamiento de la Administración también puede tener causas que, aunque muchos no relacionen con la corrupción, son difíciles de distinguir en su dinámica y consecuencias. En efecto, actitudes que nuestra cultura considera inofensivas pueden convertirse en la puerta de entrada a algo distinto.
Ejemplo clásico es el funcionario público que “organiza” los departamentos bajo su tutela de tal forma que su presencia resulte imprescindible para que funcionen. No me refiero a quienes hacen su trabajo tan bien que todos reconocen que su presencia es ganancia para la institución, sino a aquellos que se aseguran de que no podrá hacerse nada en su ausencia.
Estos últimos suelen ser, asimismo, los que ante las dificultades creadas por su estilo administrativo se presentan como única posible solución.
Persuaden a los ciudadanos de que son la solución a un problema que en realidad han causado. Con ello acumulan la buena fe y los agradecimientos que sirven para esconder el daño que su proceder hace a la Administración.
Es por ello que para alcanzar el nivel de desarrollo institucional al que aspiramos, debemos valorar en su justa dimensión los hábitos repetitivos de la Administración, porque detrás de su rutina gris se esconden los estándares comunes que permiten el trato igualitario a todos los administrados.
Del mismo modo, debemos aspirar a que no sea nunca necesaria una mano amiga para que nuestros derechos e intereses sean tratados como la ley manda. Cuando lo logremos habremos conjurado, quizás hasta sin darnos cuenta, un peligro latente en la Administración.
