El inicio de las audiencias del juicio preliminar por la acusación del caso Calamar ha sido fijado para el 17 de junio . FOTO de archivo
SANTO DOMINGOS.- El Ministerio Público afirma en su acusación del caso denominado “Calamar” que los imputados crearon un “holding criminal” en el que usaron varias instituciones públicas y empresas privadas para estafar y desfalcar al Estado.
En la acusación se cuantifica en unos RD$41,185 millones, el monto involucrado en las diferentes modalidades delictivas que contiene la acusación, reiterando que parte de esos recursos fueron utilizados para financiar de manera ilegal la campaña presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en 2020.
El extenso documento recoge al menos cuatro esquemas con los que supuestamente se desviaron recursos públicos para beneficio de los imputados.
Se trata de venta de asfalto, cobros de comisiones para el pago de obras públicas algunas de las cuales se afirma fueron cubicadas sin haberse terminado, el pago de terrenos expropiados y cobros irregulares a bancas de apuestas.
Indica que mediante maniobras fraudulentas para el pago de contratistas, fueron distraídos 21.9 mil millones de pesos, parte de los cuales fueron desviados a financiar la campaña del entonces candidato presidencial peledeísta Gonzalo Castillo. En esa acción se incluye al exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Ambos están imputados junto al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien a su vez forma parte de los cuatro esquemas descritos por el Ministerio Público en la acusación.
Mediante la expropiación de terrenos declarados de utilidad pública y reconocimientos de deudas administrativas obtuvieron la suma de más de RD$20,281 millones.
Los imputados en este renglón son acusados de emplear manejos fraudulentos para distraer pagos de expropiaciones de terrenos sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes y con expedientes incompletos. Le atribuyen obligar a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos sobre la base de deudas imaginarias, como condición de la gestión del pago.
Holding criminal
En el documento se establece que Donald Guerrero, en sus funciones de Ministro de Hacienda, buscaba materializar el “holding criminal”.
Aseguran que el acusado inyectaba cientos de millones de dólares a empresas de su propiedad mediante maniobras societarias en las que buscaba cubrirse con vinculaciones a empresarios, con quienes se asociaba.
Indica que también obligaba a empresarios a cederle parte de sus contratos, o de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado.
La acusación añade que se utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.
Indica que los imputados adulteraron fechas de registros y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados.
Los inicios en 2012
La acusación afirma que los acusados orquestaron unasofisticada organización criminal que inició sus operaciones estructuradas desde el 2012 y que las mismas presentan un crecimiento vertiginoso, a partir del 2016, luego que el imputado Donald Guerrero fuera designado como Ministro de Hacienda.
Expropiaciones
Con relación a los pagos ilícitos de expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y reconocimiento de deudas administrativas se señalan Fernando Crisóstomo Herrera y Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), como los que estructuraron el esquema ya siendo Donald Guerrero ministro de Hacienda.
También se le atribuye a ellos encargarse del traslado de grandes cantidades de dinero en efectivo para el uso de la campaña presidencial de Gonzalo Castillo en el 2020.
El procedimiento comenzaba con el retiro del dinero del Banco Banreservas, realizada por los choferes de Mimilo Alexander Tapia Holguín, Adolfo Vicente Encarnación y Luis Joaquín Féliz Peña (este último chofer de Bolívar Ventura).
Los imputados
En el expediente figuran como imputados los exministros Donald Gurrero, José Ramón Peralta, y Gonzalo Castillo.
También el excontralor general de la República, Daniel de Jesús Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, el abogado Ángel Lockward, Marcial Reyes, Rafael Calderón Martínez, Claudio Silver, Yahaira Brito Encarnación y Ramón David Hernández.
Igualmente son acusados Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Princesa García Medina, Alejandro Constanzo, Ana Linda Fernández de Paula, Emir Fernández de Paula, Julián Omar Fernández, Oscar Arturo Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Omar Manuel Miqui, Rosa Arias, Agustín Mejía Ávila, Marino Enrique Cabrera, César Miguel Santana, Mabel Mejía Cintrón, Hathaly Hernández, Natividad Martínez, Kimberly Zayas, Manuel Morilla Soto, Manuel Morilla Gil y Daniel Guerrero.
También aparecen acusadas 16 personas jurídicas que corresponden a empresas relacionadas con los acusados y que supuestamente fueron usadas para la distracción de fondos públicos.
Ministerio Público pide enviar a juicio
Proceso. El Ministerio Público solicita enviar a juicio a los 46 acusados en el presunto entramado de corrupción del caso Calamar
La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, fijó para el 17 de junio iniciar la audiencia preliminar al grupo vinculado al caso Calamar para decidir si envía o no a juicio a los encartados.
En esta fase del proceso el juez examina la validez de las pruebas presentadas y si hay méritos para mandar a juicio de fondo a cada uno de los acusados.
Varios de los abogados defensores han manifestado que el Ministerio Público no ha mostrado pruebas que demuestren la comisión de los ilícitos argumentados en la acusación, por lo que han pedido el “no ha lugar”.
