La próxima puesta en vigor de las máximas exenciones impositivas de importación que contempla nuestro acuerdo de libre comercio con Centroamérica y Norteamérica, mejor conocido como DR-CAFTA, ha acelerado las urgencias para que en el país se tomen medidas que puedan equilibrar los aspectos más negativos de sus efectos sobre el empleo y la producción nacional.
El empresariado revela a través de diferentes estudios bien calificados, que esta es una sociedad donde más del 95% de los negocios son micro-empresas, donde los costos de transporte internos e internacionales, al igual que la energía eléctrica, están entre los más altos de la región, en adición de innumerables estorbos como los casos de contrataciones para el movimiento de cargas.
Es apenas este año, a pocos meses de completarse el proceso de desgravamen arancelario cuando el país inicia la posible transformación de su industria eléctrica, por cuanto aun faltan definir acciones contra el hurto, despilfarro y pérdidas. De igual manera hemos tenido que esperar hasta el 2014 para la creación de una fuente dedicada de financiamiento a las exportaciones, aunque la misma no está orientada a propulsar la producción nacional de la cual la fase exportadora es solo una columna.
En casi diez años que tienen estos acuerdos, en líneas generales el país solo ha completado parches, dejando siempre para más adelante al solución de temas estructurales, que sin resolverse, no tan solo provocan retroceso en nuestra producción, sino también pérdida de empleos, ingresos fiscales y el caos subsecuente que dicho colapso traería.
Los reclamos del CONEP, AIRD y ADOZONA deben escucharse detenidamente, ponderando sus sugerencias a la luz de las realidades presentes y por venir. Todos estamos de acuerdo en que la economía camine guiada por fuerzas del mercado, pero un mercado nivelado, sin las ventajas desiguales que una mayor apertura arancelaria traería consigo.
