El viejo pleito entre importadores de carros usados y concesionarios de automóviles nuevos escaló recientemente al denunciarse al Ministerio de Hacienda una subvaluación en Aduanas del 53 % del valor de unidades viejas, falsedades del año de fabricación y discrimen en detrimento de los traídos desde su fábrica.
La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU) rechazó la denuncia, pero admite que en 2021 el país importó 96,779 unidades usadas y apenas 24,508 nuevas, totalizando 121,287. Ese 80 % son carros de medio uso sin garantía de fabricantes.
José Báez Guerrero
La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE) asegura que tres metodologías distintas muestran, al contrastar la tabla de valores creada por la Dirección General de Aduanas en julio de 2021, una subvaluación flagrante de casi 24 % que significa RD$30,471 millones dejados de percibir por el Estado.
La ACOFAVE entregó la semana pasada al Ministerio de Hacienda un expediente alegando que “las políticas públicas vigentes favorecen a los vehículos usados en detrimento de los nuevos”.
Aparte de pérdidas del fisco, los carros viejos perjudican al país receptor de vehículos descartados por múltiples motivos en sus países de origen, ya sea porque exceden el kilometraje para el cual fueron fabricados o son los llamados “rescates” reconstruidos tras accidentes o “ahogamientos” por desastres naturales.
Las mayores importaciones provienen de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, cuyo promedio de subvaluación de casi 53 % ACOFAVE denunció como “defraudación al fisco”.
¿Quiénes pleitean?
La ACOFAVE la integran 19 empresas o grupos representantes de fabricantes y opera desde hace décadas. Son empresas de larga existencia, algunas de más de un siglo y otras con más de siete décadas.
En marzo de 2021 el presidente Luis Abinader se reunió con la directiva de ACOFAVE, que preside Clara E. Reid de Frankenberg, para conocer su apoyo a la recuperación económica post pandemia. Asistieron Maribel Bellapart, Milagros Abréu, Ramón Ernesto Morales, Jacinto Peynado, Alfredo Najri, Fernando Lama y Carlos José Martí, entre otros.
El gobernante se interesó en promover vehículos nuevos para la movilidad eléctrica y equipos pesados con gas natural.
La ACOFAVE indicó que su misión es procurar el mayor desarrollo del sector automotriz en la República Dominicana, en un ambiente de libre competencia, igualdad de oportunidades y responsabilidad social, como aporte al continuado progreso y bienestar de la nación.
Integran a ACOFAVE las empresas Agencia Bella, Antilla Motors, AutoEuropa, Autozama, Avelino Abreu, Bonanza Dominicana, Delta Comercial, Empresas Dominicanas, Grupo Corripio (Técnica y Euromotors), Grupo Pellerano Nadal, Grupo Reid (Reid & Compañía, Autocamiones y Agencias Generales), Viamar, La Antillana Comercial, Magna Motors, Peravia Motors, Santo Domingo Motors Co., Troy Motors, Comerciales Scadom y VV Autos.
Mientras la ASOCIVU, fundada a fines del 2000, agrupa a casi 200 revendedores o “dealers”, algunos de los cuales son paralelamente miembros también de la Asociación Nacional de Distribuidora de Vehículos (ANADIVE) y una Asociación de Dealers del Cibao (ADECI).
A diferencia de ACOFAVE, que enfatiza temas como legalidad, seguridad, medio ambiente y aportes al fisco, los dealers responsables del 80 % de las importaciones de vehículos alegan que defienden que la población pueda adquirir vehículos de bajo costo.
La ASOCIVU recibe apoyo financiero de distintas entidades financieras mediante ferias de vehículos usados ofreciendo toda clase de automóviles, jeepetas, camiones, autobuses y demás equipos de transporte y carga.
Aparte del fisco
El choque de intereses entre los importadores de vehículos nuevos y usados trasciende la cuestión fiscal, pues la cantidad de chatarras rodantes en calles y avenidas tiene que ver con la cantidad de accidentes que hace que República Dominicana encabece el ranking mundial de muertes por accidentes de tránsito, 67 por cada 100,000 habitantes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
También las mafias del transporte, que compran impunidad para choferes de motocicletas, autobuses y carros públicos, camiones y equipos pesados, participan del negocio de la importación y venta de vehículos usados. Sus líderes Antonio Marte, presidente de CONATRA; Juan Hubieres, de FENATRANO, y Ricardo de los Santos, de FENATRADO, coinciden con ASOCIVU al alegar que actúan en defensa de los mas pobres.
Sin embargo, el costo total a la economía dominicana de importar cada año ocho carros viejos, subvaluados como denuncia ACOFAVE, por cada dos nuevos, tiene otros efectos muy negativos, pues devalúa más rápidamente el precio de reventa de carros nuevos, disminuye ingresos fiscales, aumenta riesgos de seguridad y afecta el medio ambiente por tratarse de equipos con menos prestaciones de control de emisiones.
Respeto a ley
Encima de la denunciada violación de la tabla de valores creada por Aduanas en julio de 2021, las autoridades han sido permisivas en cuanto a las exigencias de seguridad para vehículos viejos, lo cual incide notablemente en la cantidad de infracciones impunes de las leyes de tránsito.
La magnitud de la maraña jurídica y enredos de la normativa sobre transporte y tránsito lo ilustra la Ley No. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, del 21 de febrero del 2017, que modificó o derogó 116 decretos y leyes.
Tras cinco años en vigor, esa Ley No. 63-17 no ha bastado para ninguna mejora por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), organismo rector autónomo. Aduanas podría ayudar a resolver parte del problema atendiendo la grave denuncia de ACOFAVE.
