Carlos Rodríguez
A quienes se preguntan de dónde saldrá el dinero para adquirir los vehículos (autobuses) que darán soporte al transporte escolar conviene informarles que el dinero para darle sostenibilidad financiera a ese sistema está incluido en lo que se debe presupuestar cada año como parte del 4% del Producto Interno Bruto para la Educación que entró en vigencia desde 2013.
De manera que no es «¿de dónde saldrán los recursos?» sino «¿en qué se han gastado y qué se ha estado haciendo con esos recursos durante los 12 años que llevan sin ejecutarse?» lo que debieron preguntar desde ayer los periodistas y opinadores, a raíz del anuncio del gobierno dominicano del decreto 616-22, que establece el Sistema Nacional de Movilidad Escolar para garantizar sin costo directo de bolsillo el transporte de ida y vuelta a la escuela a unos 2 millones de estudiantes del sistema público de básica y regular.
Ese decreto fue precedido por una resolución (la 003-22) emitida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para normalizar lo que será el Sistema Nacional de Movilidad Escolar del Estado.
Además, sería de gran interés informar que, conforme a discusiones que se efectúan entre el gobierno y empresarios del transporte privado, viejos y nuevos, los autobuses no vendrían al país comprados por el gobierno ni recibirían mantenimiento a cargo del Ministerio de Educación sino de manos de los empresarios que los importarían con el aval y garantía crediticia del estado dominicano.
Sería, eso sí, una especie de reedición del Plan Renove, ¿recuerdan?, sólo que ojalá la historia no sea igual, financiado con recursos provenientes del 4% para la Educación. Por tanto, el pago a los bancos, concesionarios o importadores de los autobuses se lo debitaría o reduciría cada mes el Ministerio de Educación a los transportistas del monto por prestar los servicios contratados para cubrir las rutas a las escuelas.
Así las cosas, se trata de una política pública correcta, en tanto es una decisión de inversión y protección social que beneficia a miles de familias pobres; y que no sólo representa una gran inversión social como subsidio focalizado sino que además ofrece una buena oportunidad de negocio y de desarrollo empresarial.
¡Ahora bien! Lo más importante sería la regulación, vigilancia y control sobre el sistema que ejercería el Estado a través del propio Intrant, de algún ente del propio Ministerio de Educación, que se traduciría en las vigilancia, seguridad vial, control de calidad y regia prevención de accidentes de tránsito históricamente provocados por la tradicional temeridad e imprudencia que han caracterizado a muchos «conductores» con escaso o ningún entrenamiento ni capacitación.
Todo lo anterior equivale a decir que para aplicar como chofer para el transporte de escolares se reputa imprescindible que el solicitante se someta en esencia a un riguroso proceso de evaluación y seguimiento conductual, sicológico, así como al regio entrenamiento y capacitación permanente con evaluación periódica en materia de seguridad vial como trabajador del nuevo sistema de transporte público.
