Hay problemas urbanos que, de tanto repetirse, terminan pareciendo normales. Uno de ellos es la ocupación abusiva de aceras, contenes, parques, áreas verdes y espacios públicos.
Lo vemos todos los días; vehículos estacionados sobre las aceras, negocios que extienden sus operaciones hacia la vía pública, talleres que convierten las calles en áreas privadas, construcciones que bloquean el paso, vendedores que se instalan sin control y ciudadanos obligados a caminar por el medio de la calle como si la ciudad no les perteneciera.
Frente a esa realidad, solicito públicamente al Defensor del Pueblo que intervenga. La inacción de muchos ayuntamientos está dejando a los ciudadanos en un preocupante estado de indefensión. Y cuando hablo de indefensión no lo hago como una expresión exagerada, sino como una realidad diaria; la gente denuncia, reclama, se queja, pide orden, pero muchas veces no encuentra respuesta efectiva de la autoridad municipal.
La acera no es un lujo urbano. Es un derecho básico de movilidad, seguridad y dignidad. Por la acera camina el envejeciente, la persona con discapacidad, la madre con un coche, el niño que va a la escuela, el trabajador que se desplaza a pie y cualquier ciudadano que necesita moverse sin poner en riesgo su vida.
Cuando ese espacio es ocupado, se obliga a la gente a lanzarse a la calle, a competir con motores, carros, guaguas y camiones. Eso no es simple desorden; eso es una forma de violencia urbana.
Los ayuntamientos tienen competencias claras sobre el uso del suelo, el ordenamiento del territorio, la regulación del espacio público, la limpieza, la seguridad ciudadana local y la convivencia urbana. Pero en demasiados casos esas atribuciones se ejercen con debilidad, miedo, permisividad o conveniencia política.
Se deja crecer el problema hasta que se vuelve cultura. Y cuando el desorden se convierte en costumbre, imponer la ley parece un abuso, cuando en realidad el abuso fue permitir que lo común fuera apropiado por intereses particulares.
El Defensor del Pueblo, como órgano constitucional llamado a proteger derechos fundamentales e intereses colectivos y difusos, tiene aquí un rol importante.
No se trata de sustituir a los ayuntamientos, sino de requerirles cumplimiento, investigar omisiones, acompañar a los ciudadanos y provocar una respuesta institucional seria frente a un problema que afecta la calidad de vida en nuestras ciudades.
Este tema no puede seguir siendo tratado como una simple queja de vecinos. La ocupación de aceras afecta la movilidad, la accesibilidad universal, la seguridad vial, el medio ambiente urbano, la convivencia y el principio elemental de igualdad ante la ciudad. Porque cuando alguien se apropia de una acera, le está diciendo al resto de la sociedad: “Mi interés privado vale más que tu derecho a transitar”.
Hace falta un levantamiento nacional sobre ocupación de espacios públicos. Hace falta que los ayuntamientos presenten planes de recuperación de aceras. Hace falta fiscalización permanente, educación ciudadana, régimen de consecuencias y voluntad política.
También hace falta sensibilidad, porque ordenar no significa atropellar; significa aplicar la ley con equilibrio, gradualidad y firmeza.
La ciudad no puede ser una selva donde cada quien toma el pedazo que puede. El espacio público es de todos o deja de ser público. Y si las autoridades llamadas a protegerlo no actúan, entonces corresponde al Defensor del Pueblo intervenir en defensa de los ciudadanos.
