José Mármol
Es francamente plausible el esfuerzo que viene desplegando el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, bajo la vicepresidencia ejecutiva del ingeniero Ernesto Reyna, en procura de lograr un involucramiento cada vez mayor y más comprometido del empresariado privado en las tareas relativas al cumplimiento de los acuerdos de la COP21 de París 2015, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), asociados a la Agenda 2030 de las Naciones Unidades, en todo lo relativo a la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, y la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático.
Estos esfuerzos de integración han contribuido a sensibilizar y comprometer al empresariado, así como a educar y concienciar a la ciudadanía acerca de la impostergable necesidad de protección del medioambiente.
Prueba de ello ha sido el trabajo conjunto de ese organismo estatal con la Fundación Popular y la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED), que luego de varias jornadas con representantes de más de cincuenta empresas en el marco de las Mesas para la Articulación Empresarial para la Acción Climática, logró presentar los resultados, habiendo avanzado significativamente en el compromiso de los sectores y agentes productivos en la meta de reducción de emisión de gases contaminantes o de efecto invernadero a la atmósfera. Además, en la coordinación de acciones conjuntas para responder a los fenómenos y catástrofes naturales que tienen su causa motriz en el cambio climático.
Las mesas trabajaron temas como energía, agroforesta y uso del suelo, procesos industriales y manejo de residuos.
Habrá que dar seguimiento a los resultados logrados hasta hoy. Es menester reconocer que conforme el liderazgo empresarial y las instituciones del Estado continúen trabajando en una misma dirección, las brechas se irán cerrando, y nuestro aporte como país a los objetivos de la Conferencia de las Partes, que se reunirá como COP23 en noviembre en Bonn, Alemania, y a los acuerdos internacionales precedentes para la protección del planeta será cada vez mayor.
Tenemos ante nosotros una concienciación progresiva del empresariado para que las actividades productivas estén cada vez más encaminadas a la preservación de los recursos naturales y a la conjugación armoniosa del ecosistema natural con el sociosistema, garantizando con ello la vida presente y futura de la sociedad.
Porque, como dijo el Papa Francisco en su encíclica verde: “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental”.
No queda, pues, mejor vía, de acuerdo con el Sumo Pontífice, que la de una ecología integral, para cuidar a largo y sostenible plazo la “casa común”, que es nuestro planeta y a la humanidad.
Que las instituciones del Estado y el sector privado trabajen mancomunadamente en el trazado de estrategias, planes, políticas y proyectos tendentes a mitigar, adaptar y transformar en más resilientes las comunidades y sectores de toda la sociedad, elevando su comportamiento a un nivel cada vez más consciente y amigable con la protección del medioambiente, constituye un salto de madurez ética y un grado mayor de responsabilidad con una visión sostenible del desarrollo económico y social de los individuos y las naciones del mundo.
Las empresas privadas del país dedican más recursos para la instauración en sus locales y cadenas productivas de programas de cultura tres R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) y ahorro de recursos hídricos y energéticos, como también en la producción de energía limpia para sus propias operaciones y en programas de reforestación de cuencas hidrográficas y recuperación de capa boscosa en la geografía nacional. Eso es ciudadanía corporativa. ¡Enhorabuena!
