Estados Unidos impuso entre 1920 y 1933 una Ley Seca, prohibiendo la fabricación, importación, transporte, venta y consumo de bebidas alcohólicas. Igual a como pasa hoy con drogas ilegales, ningún gringo sediento dejó de darse sus tragos, pero su precio incluía el costo de la ilegalidad: en vez de pagar impuestos al gobierno quienes cobraban “tributos” eran las mafias.
Algo similar ha ocurrido aquí con la absurda e ineficaz prohibición de la importación y venta de armas de fuego y municiones: nunca ha habido mas armas y tiros entre los dominicanos, incluyendo metralletas, fusiles y otro armamento de guerra.
El gobierno ha traspasado un negocio que es legítimo (porque armarse para defenderse puede ser un imperativo incuestionablemente moral) y era legal, a mafias que reciben los beneficios que deberían corresponder a armerías reconocidas, que pagan impuestos y pueden ser supervisadas.
Ninguna prohibición gubernamental impide que los ciudadanos satisfagan sus deseos imperiosos, sean beber, consumir drogas, fumar tabaco, hacer apuestas o armarse. Prohibir lo inevitable favorece las mafias. Es inmoral promover ilegalidades.
